1.- La idea de que lo malo de la privatización de los servicios públicos es la pérdida de empleo para los interinos y el personal contratado es un argumento corporativo. Usarlo en un país con un 26% de paro, unos seis millones, suena mínimamente a burla. Al fin y al cabo, si los empleados públicos, como tal colectivo, nunca se mostraron preocupados con la pérdida de empleo del resto de los trabajadores, resulta impertinente pedirles ahora a esos mismos trabajadores, o ya parados, que protesten por la pérdida de empleo de los interinos o laborales de la administración. Habrá, por tanto, que buscar el mal universal -es decir, que se extienda de forma general en la sociedad- en otro aspecto de la privatización.
2. Igualmente, resulta ñoño pretender realizar un argumento político como el que se está haciendo en relación a la escuela pública. Efectivamente, esa tontería sobre la escuela democrática e integradora, sin diferencias y solidaria –superguay en definitiva en el mundo de la abeja Maya- muestra el fracaso de un servicio público que no ha sabido ser realmente eficaz y no puede defenderse como tal. Resulta ingenuo, cuando no directamente totalitario, pretender que los padres manden a sus hijos a un centro educativo para que solamente se socialicen en el buen rollito pseudoprogresista. La escuela debe enseñar y no solo formar ciudadanos integrados, que al fin y al cabo es el sueño del fascismo. La escuela pública, frente a eso, debe ser eficaz como transmisora de cultura y pensamiento crítico. Y la sanidad pública como transmisora de salud. Eficacia es la palabra. Pero, y esta es la clave, eficacia universal: independiente del estrato social al que se pertenezca.
3.- Entonces, ¿qué tendría de malo la gestión privada de los servicios públicos? ¿Acaso no sería más eficaz siempre? Precisamente aquí es donde viene la falacia pues la -presunta- eficacia de la empresa privada no es la eficacia para el cumplimiento de un derecho ciudadano. Efectivamente, la gestión privada tiene como finalidad el beneficio económico; en el servicio público, diferente, es la prestación eficaz de ese derecho. Y eso no es lo mismo. Por esto, resulta falaz la idea que se quiere vender de que la gestión privada sea capaz de hacerlo mejor. Lo que sí será capaz es de gastar menos pero, precisamente, a costa del servicio concedido. La forma así del beneficio privado implicará el empeoramiento necesario del servicio.
4.- Sin embargo, y frente a lo anterior, lo que busca la empresa privada, y repiten sus medios propagandísticos, es presentar que el abaratamiento del servicio implica mayor eficacia en el mismo. Pero olvidará citar, o sea: lo ocultará, que ese abaratamiento se deberá al ahorro de costes en personal -rebajar el salario haciendo dumping social y por ello su cualificación- y en prestar peor servicio tanto en cantidad como en calidad de la oferta y, en consecuencia, en la atención universal al usuario.
5.- Se añade a lo anterior que esta privatización resulta un negocio redondo para la empresa. En primer lugar, porque cuenta con una clientela cautiva pues no existe la competencia. Pero además, la clientela descontenta si abandona el servicio público irá al privado que estará, cerrando el círculo de la cautividad, en manos de las mismas empresas por culpa de las cuales abandonó el servicio anterior. Es el monopolio perfecto que niega, curiosamente, las reglas del mercado. La banca, como en los casinos con leyes ya propias, siempre gana.
6.- Así, la privatización de los servicios públicos tiene un solo ganador, la empresa privada, y un gran perdedor, la ciudadanía y el cumplimiento de sus derechos. Y, por eso, la primera razón para esta privatización es precisamente el beneficio económico que para la oligarquía económica implica. Era un sueño hasta ahora irrealizable: ganar dinero privado directamente de los impuestos. O dicho de otra forma, los impuestos reconvertidos en diezmo al señor feudal.
7.- Pero que una razón sea la primera no significa que sea la única. Y el beneficio económico inmediato no es, tampoco, la razón exclusiva. Efectivamente, hay otra razón fundamental para la privatización del servicio público. Y tiene que ver con lo que aquí denominamos como proceso de precarización de la población de los países hasta ahora desarrollados. La precarización de la población en el proyecto BRIC, ya analizada profusamente en este blog (1, 2 y 3), implica la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población, la depauperación de la clase media, y el extremo beneficio económico de la oligarquía. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la privatización?
8.- En primer lugar, la desaparición de la clase media conlleva a su vez la pérdida de un mercado tradicional en la empresa privada de servicios que, sin embargo, con esta medida de privatización no solo se recupera sino que mejora: más clientes sin competencia. Así, el proceso de precarización, prioritario para la oligarquía, necesita la privatización como medida económica de rescate, pero excelente. Ya se puede precarizar de forma general ganando aún más en el sector servicios.
9.- Pero más importante aún que este beneficio económico es el beneficio social que la privatización de los servicios públicos implica para la oligarquía. Todo grupo social dominante tiende a generar medidas que impidan al resto de los grupos el ascenso social eliminando así a la competencia futura. La eliminación de los servicios públicos cumple esta medida a la perfección: impedirá a la gente llegar a competir con la oligarquía por los puestos socialmente relevantes.
Efectivamente, la privatización va unida a un servicio público menor y menos eficaz. Así, por ejemplo, todo lo que esconde la nueva reforma educativa no es sino, por primera vez en
democracia, rebajar la cualificación de la población española pues una presencia importante de capital humano cualificado implicaría una posible competencia para los hijos de papá -nombre técnico para los retoños de la oligarquía-. Para evitar esa competencia lo mejor es acabar con la causa que no es otra cosa que un sistema público universal, accesible y eficaz. Una vez acabado con él, el nepotismo social de la oligarquía hará el resto.
10.- Además, en el futuro, va a haber dos revoluciones fundamentales: una en educación y la otra, en sanidad.
En educación porque va a haber una necesidad de formación permanente y esto implica, si se mantuvieran las condiciones de igualdad que harían posible unos servicios públicos eficaces, una mayor competencia social para la oligarquía ¿Por qué? En realidad es el mismo esquema de antes: la existencia de una educación pública produciría una gran masa social altamente cualificada que buscaría medrar socialmente. Así, como ya hemos visto, la forma de eliminar dicha aspiración, y posible realidad, es acabar con su causa: la educación pública. La posibilidad de ascenso social es así cortada de raíz al eliminar la existencia de unos servicios públicos eficaces pues el proyecto de precarización implica una oligarquía dominante y una mayoría obediente.
La segunda gran revolución futura es la sanitaria. Efectivamente, la nueva tecnología y las terapias génicas van a dar un vuelco absoluto a la práctica médica y farmacológica. Ello podría llevar a un aumento no solo de la esperanza de vida sino de la mejora de esa vida. Pero esta revolución puede tomar dos rumbos: o bien universalizarla con una sanidad pública, como se hizo con la anterior y que llevó a duplicar la esperanza de vida en un siglo; o para una minoría social. Si no hay sanidad pública la solucìón será clara. La oligarquía será más guapa y vivirá más.
y 11.- Los derechos sociales en democracia no son abstracciones legislativas sino que deben ser realidades. Para su cumplimiento hace falta la presencia de los servicios públicos que garantizan la igualdad en el ejercicio de la ciudadanía. Por eso, eliminarlos forma parte de un proceso que busca acabar con ese ejercicio. Su defensa no es, por consiguiente, una lucha entre opciones democráticas legítimas sino algo radicalmente distinto. Su defensa es la defensa de la democracia frente a la sociedad soñada por la oligarquía.



