Nota: este artículo había sido publicado originalmente el pasado miércoles día 11 de mayo. Debido a un error de Blogger, dicho artículo ha sido borrado y se vuelve ahora a publicar. Rogamos disculpen las molestias.
Se está extendiendo una corriente política autodenominada de izquierdas -nota: autodenominarse de algo no niega ni afirma nada, por supuesto- que centra su discurso en la defensa de lo público. También puede ser que ahora haya elecciones. No obstante, estamos de acuerdo con la consigna. Pero, el problema de las consignas es la facilidad en estar de acuerdo con ellas. Por tanto, es bueno no dejarse llevar por la emoción y profundizar algo más. Y profundizar es plantearse porque los dogmas son malos. Por eso, este artículo no se titula en afirmación sino como cuestionamiento. La pregunta a responder es: ¿hay que defender lo público? Y una segunda, ¿qué es defender lo público?
En primer lugar, algo honesto siempre, definamos términos. Por servicios públicos entendemos no solo la prestación universal de servicios esenciales a cargo de impuestos, sino también que dichos servicios sean prestados por personal directamente contratado por el estado, es decir, por trabajadores pertenecientes a la administración pública. De esta forma, al hablar de lo público en este artículo hablaremos de esto.
Las izquierda señala siempre, más ahora cuando hay campaña electoral, que la derecha quiere acabar con los servicios públicos. Es algo falso porque en realidad nadie quiere, ni la malvada derecha fíjense, acabar con el servicio universal y gratuito –nota: por cierto, no es gratuito porque se paga a través de impuestos-. Entre otras cosas no lo desean, y es la fundamental, porque estos servicios y su financiación pública son vistos como un chollo económico por la empresa privada y dicho chollo se genera precisamente por su carácter universal y obligatorio. Efectivamente, poder transferir este vasto mercado a la empresa privada, lo que es la intención última por ejemplo de Aguirre y no su desmantelamiento, sería para aquella el mayor chollo de su existencia pues garantizaría el beneficio económico. Por eso, la derecha no está en contra del servicio universal y gratuito –que no es gratuito sino financiado vía impuestos- sino de su prestación por la administración pública pues concibe el desmantelamiento de esta como la gran oportunidad para los intereses privados. La derecha no quiere la privatización a secas, como clama demagógicamente la autoproclamada izquierda e incluso la derecha que de boquilla va de liberal, sino exclusivamente la gestión privada de los servicios públicos para poder jugar con esta como presión política a cambio de la formación de lobbys industriales apoyando la estrategia partidista. Así, cuando la izquierda presenta una derecha empeñada en la destrucción de la prestación gratuita de sanidad o educación se equivoca enormemente. No hay tal cosa porque la derecha es consciente, Esperanza Aguirre lo es, de que en España es imposible un negocio educativo o sanitario de grandes proporciones fuera de lo público. Por tanto es más sencillo hacer el negocio con lo público y ello implica no solo no desmantelarlo sino ampliarlo: Aguirre construye nuevos hospitales para la sanidad pública porque son negocio para la empresa privada que lo gestionará y que ni tiene que buscar clientes ni mantenerlos. El modelo de la derecha es hacer negocio con lo público a través de su gestión.
Pero, ¿no tiene razón la derecha cuando señala que es más eficaz la gestión de lo privado de los servicios públicos? ¿No habría entonces que defenderlo? El problema aquí es que la eficacia no se puede identificar sin más con lo barato. Nuestras madres siempre nos lo decían: lo barato es caro. Por eso, que un servicio sea más barato que otro no implica que sea más eficaz.
Presentemos un modelo de gestión privada de un servicio público que además es puesto como ejemplo: la escuela concertada. Siempre se nos pone el dato como categoría: el puesto escolar en la concertada es más barato que en la pública. Por eso, se concluye el argumento, hay que generar una administración privada de lo público. El dato –que el puesto escolar resulta más barato- es cierto; sin embargo, el argumento es falaz. Hay dos razones: la precarización de la mano de obra y el servicio prestado.En cuanto a la precarización de la mano de obra, la empresa privada hace dumping social. Los profesores de la privada concertada trabajan más horas, pueden dar entre 7 y 10 clases más a la semana, y cobran menos que los de la pública: es la competencia del tercer mundo –qué poco correcto soy-. El gran ahorro de la concertada no es en la gestión, sino en la precarización laboral. Es la sobreexplotación de los trabajadores de la enseñanza concertada lo que explica la diferencia fundamental de gasto –y por cierto, para tanto profesor de la pública exquisito: los profesores de la privada o de la concertada son tan buenos, o tan malos, como los de la pública-.
Pero es que además hay algo más. Al tiempo que la privada logra beneficios poniendo peores condiciones laborales a su personal, lo que rebaja su gasto como hacen las empresas chinas, además seleccionan su público falseando lo resultados. Por ejemplo, en educación los alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales se matriculan mayoritariamente en la pública porque la concertada no les recoge.
Con todo ello, no es que la privada gestione mejor, sino que juega con unas reglas diferentes a la pública que acaba siendo subsidiaria para paliar los agujeros que la privada deja. Así, la doble vía de servicios gratuitos y universales se perfila como una realidad próxima: si usted no tiene problemas irá a la (falsamente) bien gestionada privada, sino a la pública. Y la gestión privada de los servicios públicos garantizará esa doble vía a costa de una precarización laboral y una selección de usuarios.
Pero.
Siempre hay una segunda parte. Porque aquí suele acabar el discurso tradicional de la autoproclamada izquierda: tal vez añadan un lema sobre que la pública es guay y chachi. O sobre que ellos tienen, ¡Dios mío!, una oposición. Sin embargo nadie que trabaje en la pública puede pensar que sea realmente lo que debería ser; ni siquiera que se acerque. Bueno, tal vez algún idiota. La pública es un dispendio de talento, dinero y acción social. Porque que la gestión privada sea nefasta para los derechos ciudadanos no implica, ni mucho menos, que la pública sea buena. La pública es nefasta de acuerdo a lo que podía ser. Pero, eso pronto.
Se está extendiendo una corriente política autodenominada de izquierdas -nota: autodenominarse de algo no niega ni afirma nada, por supuesto- que centra su discurso en la defensa de lo público. También puede ser que ahora haya elecciones. No obstante, estamos de acuerdo con la consigna. Pero, el problema de las consignas es la facilidad en estar de acuerdo con ellas. Por tanto, es bueno no dejarse llevar por la emoción y profundizar algo más. Y profundizar es plantearse porque los dogmas son malos. Por eso, este artículo no se titula en afirmación sino como cuestionamiento. La pregunta a responder es: ¿hay que defender lo público? Y una segunda, ¿qué es defender lo público?
En primer lugar, algo honesto siempre, definamos términos. Por servicios públicos entendemos no solo la prestación universal de servicios esenciales a cargo de impuestos, sino también que dichos servicios sean prestados por personal directamente contratado por el estado, es decir, por trabajadores pertenecientes a la administración pública. De esta forma, al hablar de lo público en este artículo hablaremos de esto.
Las izquierda señala siempre, más ahora cuando hay campaña electoral, que la derecha quiere acabar con los servicios públicos. Es algo falso porque en realidad nadie quiere, ni la malvada derecha fíjense, acabar con el servicio universal y gratuito –nota: por cierto, no es gratuito porque se paga a través de impuestos-. Entre otras cosas no lo desean, y es la fundamental, porque estos servicios y su financiación pública son vistos como un chollo económico por la empresa privada y dicho chollo se genera precisamente por su carácter universal y obligatorio. Efectivamente, poder transferir este vasto mercado a la empresa privada, lo que es la intención última por ejemplo de Aguirre y no su desmantelamiento, sería para aquella el mayor chollo de su existencia pues garantizaría el beneficio económico. Por eso, la derecha no está en contra del servicio universal y gratuito –que no es gratuito sino financiado vía impuestos- sino de su prestación por la administración pública pues concibe el desmantelamiento de esta como la gran oportunidad para los intereses privados. La derecha no quiere la privatización a secas, como clama demagógicamente la autoproclamada izquierda e incluso la derecha que de boquilla va de liberal, sino exclusivamente la gestión privada de los servicios públicos para poder jugar con esta como presión política a cambio de la formación de lobbys industriales apoyando la estrategia partidista. Así, cuando la izquierda presenta una derecha empeñada en la destrucción de la prestación gratuita de sanidad o educación se equivoca enormemente. No hay tal cosa porque la derecha es consciente, Esperanza Aguirre lo es, de que en España es imposible un negocio educativo o sanitario de grandes proporciones fuera de lo público. Por tanto es más sencillo hacer el negocio con lo público y ello implica no solo no desmantelarlo sino ampliarlo: Aguirre construye nuevos hospitales para la sanidad pública porque son negocio para la empresa privada que lo gestionará y que ni tiene que buscar clientes ni mantenerlos. El modelo de la derecha es hacer negocio con lo público a través de su gestión.
Pero, ¿no tiene razón la derecha cuando señala que es más eficaz la gestión de lo privado de los servicios públicos? ¿No habría entonces que defenderlo? El problema aquí es que la eficacia no se puede identificar sin más con lo barato. Nuestras madres siempre nos lo decían: lo barato es caro. Por eso, que un servicio sea más barato que otro no implica que sea más eficaz.
Presentemos un modelo de gestión privada de un servicio público que además es puesto como ejemplo: la escuela concertada. Siempre se nos pone el dato como categoría: el puesto escolar en la concertada es más barato que en la pública. Por eso, se concluye el argumento, hay que generar una administración privada de lo público. El dato –que el puesto escolar resulta más barato- es cierto; sin embargo, el argumento es falaz. Hay dos razones: la precarización de la mano de obra y el servicio prestado.En cuanto a la precarización de la mano de obra, la empresa privada hace dumping social. Los profesores de la privada concertada trabajan más horas, pueden dar entre 7 y 10 clases más a la semana, y cobran menos que los de la pública: es la competencia del tercer mundo –qué poco correcto soy-. El gran ahorro de la concertada no es en la gestión, sino en la precarización laboral. Es la sobreexplotación de los trabajadores de la enseñanza concertada lo que explica la diferencia fundamental de gasto –y por cierto, para tanto profesor de la pública exquisito: los profesores de la privada o de la concertada son tan buenos, o tan malos, como los de la pública-.
Pero es que además hay algo más. Al tiempo que la privada logra beneficios poniendo peores condiciones laborales a su personal, lo que rebaja su gasto como hacen las empresas chinas, además seleccionan su público falseando lo resultados. Por ejemplo, en educación los alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales se matriculan mayoritariamente en la pública porque la concertada no les recoge.
Con todo ello, no es que la privada gestione mejor, sino que juega con unas reglas diferentes a la pública que acaba siendo subsidiaria para paliar los agujeros que la privada deja. Así, la doble vía de servicios gratuitos y universales se perfila como una realidad próxima: si usted no tiene problemas irá a la (falsamente) bien gestionada privada, sino a la pública. Y la gestión privada de los servicios públicos garantizará esa doble vía a costa de una precarización laboral y una selección de usuarios.
Pero.
Siempre hay una segunda parte. Porque aquí suele acabar el discurso tradicional de la autoproclamada izquierda: tal vez añadan un lema sobre que la pública es guay y chachi. O sobre que ellos tienen, ¡Dios mío!, una oposición. Sin embargo nadie que trabaje en la pública puede pensar que sea realmente lo que debería ser; ni siquiera que se acerque. Bueno, tal vez algún idiota. La pública es un dispendio de talento, dinero y acción social. Porque que la gestión privada sea nefasta para los derechos ciudadanos no implica, ni mucho menos, que la pública sea buena. La pública es nefasta de acuerdo a lo que podía ser. Pero, eso pronto.
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