Como me imagino muchos sabrán, D. Ricardo Royo-Villanova ha presentado ante la fiscalía general del estado una querella contra Federico Jiménez Losantos. Dicha querella se basa en un artículo, si se puede llamar así algo escrito por semejante individuo, que Losantos publicó y en el cual decía aquello que es objeto de la querella: que había un golpe de estado causado por el estatuto catalán, que dicho golpe era obra fundamental de PSOE-ERC y que el Rey lo respaldaba.
Ante esto, como si fuera la gota que colmaba el vaso, D. Ricardo ha presentado a querella.
Una vez presentado esto, deseo aclarar mi postura contrario a dicha querella. Y para ello presentaré dos tipos de argumentos. Uno legal (basado en las consecuencias que podría acarrear la acción) y otro de índole moral y político.
Argumento legal:
Para empezar retrocedamos a la guerra de Irak. El gobierno, nefasto, del PP decide seguir el juego a Bush. Rápidamente muchos medios, y entre ellos alguno en el que trabajábamos conjuntamente D. Ricardo y yo, comenzamos una campaña en contra cuya base era la palabra asesinato (lo que por cierto era la invasión). Recuerdo lo que se llegó a decir sobre el PP y el gobierno que incluso obligó a que tuviera que escribir más de un artículo sobre el tema. Pero también recuerdo que el PP presentó ante los tribunales y pidió penas de cárcel a los responsables de la página web noalaguerra.org por acusar al gobierno de asesino. ¿Habían incumplido la libertad de expresión? ¿Habían calumniado? Desconozco la resolución judicial, si la ha habido, pero entonces muchos criticamos la acción como limitadora de la justa crítica política. Porque los personajes políticos, pensábamos y algunos seguimos pensando, no pueden acogerse exactamente a los mismos derechos, en su actividad pública, que los individuos privados (otra cosa es su vida privada, por supuesto). Así, el intento de igualar dichos derechos, llevaría al absurdo de no poder opinar, hasta que fuera juzgado por ello y condenado, a cualquier dictador de asesino pues siempre sería, legalmente, “presunto asesino”. Por ello la querella de D. Ricardo va en contra del interés de la libertad de expresión porque, de prosperar, implica automáticamente un recorte del derecho en aras del derecho del personaje público. O dicho de otro modo, para que se entienda, D. Ricardo mismo no podría publicar su artículo titulado ¿A cuántos civiles irquíes han matado Bush, Aznar y Blair?
Argumento moral:
Pero alguien podría decir: puede no ser práctico legalmente por sus consecuencias, ¿pero y la moral? Bien, moralmente no es aceptable. Y no lo es porque todo este entramado implica la utilización de la ley en el beneficio propio y eso moralmente es reprobable. La idea de D. Ricardo viene a ser: como ya lo han hecho (implicando además que es una injusticia) y aunque no esté de acuerdo lo aprovecho. Se trata pues de eliminar al enemigo utilizando cualquier método aunque no sé esté de acuerdo con él lo cual implica el riesgo de aislar la moralidad de la acción política y presentar esta como pura eficacia de la facción.
Incluso hay algo más. La libertad de expresión debe ser siempre defendida y más cuando se trata de escuchar aquello que a uno no le gusta. Precisamente, la libertad de expresión es el derecho a decir aquello con lo que no estoy de acuerdo en absoluto. Luego, evidentemente, uno podrá decir que eso son tonterías, pero lo podrá decir porque es ahora al otro al que se le aplica la libertad de expresión: es él, ya, quien oye lo que no quiere oír. Así, los derechos no se aplican de acuerdo a nuestro interés sino frente a él. Lo contrario es creer en el derecho mientras me beneficie.
Y por último una apostilla. Que alguien de la inteligencia y valor político (en su doble significado) haya hecho esto no muestra sino el desastre de lo que actualmente es la izquierda. Que nosotros empecemos una caza de brujas debería espantarnos. Sin embargo, ahí están los comentarios a la acción de D. Ricardo para demostrarnos que lejos de ello estamos orgullosos. Cada día un poco más de derechas.
Ante esto, como si fuera la gota que colmaba el vaso, D. Ricardo ha presentado a querella.
Una vez presentado esto, deseo aclarar mi postura contrario a dicha querella. Y para ello presentaré dos tipos de argumentos. Uno legal (basado en las consecuencias que podría acarrear la acción) y otro de índole moral y político.
Argumento legal:
Para empezar retrocedamos a la guerra de Irak. El gobierno, nefasto, del PP decide seguir el juego a Bush. Rápidamente muchos medios, y entre ellos alguno en el que trabajábamos conjuntamente D. Ricardo y yo, comenzamos una campaña en contra cuya base era la palabra asesinato (lo que por cierto era la invasión). Recuerdo lo que se llegó a decir sobre el PP y el gobierno que incluso obligó a que tuviera que escribir más de un artículo sobre el tema. Pero también recuerdo que el PP presentó ante los tribunales y pidió penas de cárcel a los responsables de la página web noalaguerra.org por acusar al gobierno de asesino. ¿Habían incumplido la libertad de expresión? ¿Habían calumniado? Desconozco la resolución judicial, si la ha habido, pero entonces muchos criticamos la acción como limitadora de la justa crítica política. Porque los personajes políticos, pensábamos y algunos seguimos pensando, no pueden acogerse exactamente a los mismos derechos, en su actividad pública, que los individuos privados (otra cosa es su vida privada, por supuesto). Así, el intento de igualar dichos derechos, llevaría al absurdo de no poder opinar, hasta que fuera juzgado por ello y condenado, a cualquier dictador de asesino pues siempre sería, legalmente, “presunto asesino”. Por ello la querella de D. Ricardo va en contra del interés de la libertad de expresión porque, de prosperar, implica automáticamente un recorte del derecho en aras del derecho del personaje público. O dicho de otro modo, para que se entienda, D. Ricardo mismo no podría publicar su artículo titulado ¿A cuántos civiles irquíes han matado Bush, Aznar y Blair?
Argumento moral:
Pero alguien podría decir: puede no ser práctico legalmente por sus consecuencias, ¿pero y la moral? Bien, moralmente no es aceptable. Y no lo es porque todo este entramado implica la utilización de la ley en el beneficio propio y eso moralmente es reprobable. La idea de D. Ricardo viene a ser: como ya lo han hecho (implicando además que es una injusticia) y aunque no esté de acuerdo lo aprovecho. Se trata pues de eliminar al enemigo utilizando cualquier método aunque no sé esté de acuerdo con él lo cual implica el riesgo de aislar la moralidad de la acción política y presentar esta como pura eficacia de la facción.
Incluso hay algo más. La libertad de expresión debe ser siempre defendida y más cuando se trata de escuchar aquello que a uno no le gusta. Precisamente, la libertad de expresión es el derecho a decir aquello con lo que no estoy de acuerdo en absoluto. Luego, evidentemente, uno podrá decir que eso son tonterías, pero lo podrá decir porque es ahora al otro al que se le aplica la libertad de expresión: es él, ya, quien oye lo que no quiere oír. Así, los derechos no se aplican de acuerdo a nuestro interés sino frente a él. Lo contrario es creer en el derecho mientras me beneficie.
Y por último una apostilla. Que alguien de la inteligencia y valor político (en su doble significado) haya hecho esto no muestra sino el desastre de lo que actualmente es la izquierda. Que nosotros empecemos una caza de brujas debería espantarnos. Sin embargo, ahí están los comentarios a la acción de D. Ricardo para demostrarnos que lejos de ello estamos orgullosos. Cada día un poco más de derechas.
3 comentarios:
Señor Enrique P. Mesa.
Soy judas, de www.blogia.com/el_destino_del_iscariote, miembro de Red Progresista y conocido del señor Royo-Villanova.
Le presento aquí mis objeciones a sus dos argumentos.
Primero: Argumento legal.
Estoy totalmente de acuerdo en la protección de algo tan esencial como la crítica política. Es más, creo que es algo necesario y pilar de la democracia. Sin embargo, eso no es óbice para que lamente que haya usted o el señor Royo-Villanova incitado esas consignas de Aznar=Asesino. Sinceramente, me parece una actitud muy reprobable en alguien que pretende usar un argumento moral para juzgar las acciones ajenas.
Pero más llá de esta consideración personal, olvida usted que no estamos hablando de crítica política, sino de injurias a la Corona, que sí como penado en el sistema judicial español.
Por eso, no se trata ni de recortes de libertad ni de vientos de censura, sino de aplicación de la legislación vigente. Sí, estamos de acuerdo en que esa Ley en particulas es una estupidez. Pero es la Ley. Y debería cambiarse, sí. Pero de momento, es la Ley.
Así q
(Perdón, se cortó).
Decía que empiece a presentar su argumento jurídico porque aún no ha aparecido.
Segundo: Argumento moral.
Dice usted que la presentación de dicha supuesta querella es un acto contrario a la moral porque supone la utilización del derecho en beneficio propio. Esa idea es muy discutible.
Primeramente, porque la misma esencia de la ciudadanía consiste en dotar a esa sociedad de leyes y normas beneficiosas. El que una ley pueda ser usada en beneficio propio, y que ese derecho sea de todos (por ejemplo, un ultraderechista podría usarlo contra alguien que faltara a la Ley injuriando al Rey). Por poner un ejemplo sencillo, usted estaría afirmando que un matrimonio civil es inmoral, por el simple hecho de que se aprovechan los cónyuges de que la Ley permite esas uniones civiles para gozar de diferentes prerrogativas sociales. Eso es un sinsentido.
Y en segundo lugar, porque no se trata de un beneficio particular, sino del bien colectivo. Si entendemos que el bien colectivo se garantiza y articula mediante las leyes que la sociedad se autoconfiere, debemos inferir que la Ley que obliga a guardar respeto a la Corona se basa en ese consenso. Si no es así, usted está afirmando que es una Ley antidemocrática ya que no cuenta con respaldo popular. En ese caso, que yo comparto, se debería modificar. Pero no es propio de un Estado de Derecho el abolir leyes mediante el método de la desobediencia civil. La Ley es seguramente discutible y falaz, pero de momento es la Ley. Cauces hay para cambiarla, pero mientras tanto es de obligado cumplimiento.
Sería también interesante que nos mostrara las diferencias entre sus dos argumentos, ya que ambos son prácticamente idénticos en su formulación y sobre todo en su contenido: la libertad de expresión, libertad que sigo sin ver dónde vulnera el señor Royo-Villanova (ya que esa libertad ya se encontraba disminuída antes de que este señor hablara mediante la Ley de respeto a la Corona).
También quería resaltarle que todo su comentario está viciado de principio: el señor Royo-Villanova no ha presentado ni denuncia ni querella alguna, sino un escrito dirigido al Fiscal General para que investigue si es o no propicio y ajustado a derecho que él (dicho Fiscal) emprenda tales acciones: denuncia o querella.
Pero el señor Royo-Villanova no ha presentado ninguna de las dos.
Por último, y como comentario a la apostilla. no sé si usted prefiere una izquierda que se salta la Ley o que llama a la desobediencia civil, o que permanece inalterada ante el atropello de nuestras leyes. Pero yo no. Sinceramente. Aunque no me gusten esas leyes, dialogaré y debatiré propuestas para cambiarlas. Pero no las desobedeceré sin más. Porque, repito, los Estados de Derecho no funcionan así.
Si usted cree que eso es ser de derechas, me temo que diferimos bastante en lo básico.
A ver, don EP, algunas aclaraciones:
1.- No he interpuesto ninguna querella. Me he limitado a pedirle al Fiscal General del Estado, mediante un escrito presentado en el registro de la fiscalía, que actúe de oficio porque creo que se puede haber cometido un delito que debe ser perseguido de oficio. Son dos cosas bien diferentes, y he llegado a ello porque quien está más legitimado que yo para presentar querellas, incluso obligado: el ministerio de interior y el PSOE, no lo han hecho, a pesar de las constantes insinuaciones que FJL hace cada mañana de que el 11M fue cosa del PSOE y policías socialistas, como con elevado grado de brillantez le dije anoche ante el magnífico mi-cuit que les ofrecí y a su señora y a usted, y que no fue valorado en su justa medida.
2.- Los argumentos que usted quiere presentar como jurídicos no son tales, desde mi punto de vista, sino que son políticos. No se puede comparar la situación creada en torno a la guerra del golfo con la que quieren crear actualmente los voceros de la extrema derecha. En primer lugar, si es preciso reconocer que en aquel momento se pudieron cometer algunos escesos verbales, no se puede decir, como sí se puede hacer ahora, que hubiera en marcha operación alguna para falsear la democracia por parte de la oposición, la cual, podía estar en situación de rebelión política, pero en ningún caso de permanente comosión de delitos (añadamos lo de presuntos) como ocurre ahora con los voceros más calificados de la derecha.
Y al hilo de algunas de las observaciones que hace usted en su argumento legal, he de recordarle que la denuncia lo que hace es acusar a FJL de un presunto delito de calumnias al rey, no de opinar contra la monarquía. FJL, como usted y como yo, es libre de ser republicano, pero no de acusar al rey de cometer delitos si no puede demostrarlo. le recuerdo el cabreo que se agarró usted cuando publiqué la foto de dos soldados irakíes con bandera blanza al hombro decapitados en los primeros días de la guerra y acusé a los británicos de esas muertes. Se puso usted hecho una fiera, cuando había indicios de sobra para deducir la culpabilidad de los británicos. Deduzco entonces que al rey se le puede acusar impunemente de cometer todo tipo de delitos, que no pasa nada. Bueno, salvo que seas vasco y de izquierdas, porque entonces, no hay libertad de expresión.
El argumento moral: no entro a discutírselo, sólo le digo que yo no cuestiono la libertad de expresión, pero que las afirmaciones de FJL no están amparadas por esa libertad, como ha reconocido el propio Rajoy, según puede leer usted hoy en A Sueldo de Moscú, su blog de referencia.
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