EL CASO GALLARDÓN

Recientemente el alcalde de Madrid ha casado a una pareja homosexual. El hecho no pasaría de un acto institucional más si no hubiera sido por dos reacciones: la primera, menos grave, la de ciertos miembros del PSOE; la segunda, en su línea habitual entre ridícula y de matones, del PP.

¿Por qué Gallardón casó a una pareja homosexual? No por convicción, según él y que sería precisamente lo censurable por no estar de acuerdo con el matrimonio homosexual, sino porque considera que su cargo implica cumplir la ley. Y es aquí lo que cualquier demócrata no puede obviar: la obligación de cumplir la ley como funcionario, o en este caso cargo electo, público. Precisamente, lo interesante del caso Gallardón, que por cierto es uno de los pocos políticos serios, seguramente junto con Julio Fidalgo de CCOO el más serio, es la inteligente disociación que ha hecho entre su cargo y la persona. Y esto, que bien se podría discutir a nivel filosófico, es sin embargo ejemplar a nivel político y para tanto funcionario, por ejemplo de educación, que cree que la democracia consiste en hacer lo que él quiere obviando e incluso negando la ley. Así, la única cuestión realmente interesante que plantearía el comportamiento de Gallardón es una cuestión ética: ¿hasta dónde en democracia se debe cumplir la ley? Y ahí sí cabría, para demócratas, el debate.

Sin embargo, el debate, como siempre, ha ido por otro lado. En primer lugar, el menos grave pues también ha sido menos aireado, el protagonizado por ciertos integrantes del PSOE al acusar a Gallardón de incoherente. Pero, esa no sería la crítica democrática pues Gallardón ha enunciado que él cumple la ley como es obligación de todo demócrata. O dicho de otro modo, un demócrata no puede ser tachado de incoherente por cumplir una ley con la que no está de acuerdo sino de, precisamente, coherente: eso, entre otras cosas, es también ser demócrata.

Pero, la crítica fuerte ha venido por la derecha. Efectivamente, el PP una vez más, y van tantas, ha demostrado tanto su idea de partido, aunque en eso no se separe de casi ninguna formación pues ya todo partido es un prietas las filas, como, y esto es más peligroso, de estado. Porque lo cierto es que detrás de la crítica del PP late el absoluto desprecio hacia la propia idea de democracia y de ésta como imperio de la ley. Efectivamente, la crítica a Gallardón por cumplir la ley es curiosa porque implica, de suyo, la idea de que la ley solo se cumple cuando se está de acuerdo con ella. Pero eso, lejos de ser una conciencia pública del estado en democracia es en el fondo la apoteosis de la creencia del estado como patrimonio particular. Efectivamente, la crítica dirigida a Gallardón por el tema de la boda homosexual se ampara en el viejo lema: si no estamos de acuerdo con la ley no debemos cumplirla. O dicho de otro modo, en el uso del privilegio que otorga el poder: no se cumple la ley porque se es poderoso. Así, la idea del PP, que es la idea liberal en el fondo, es la de un poder estatal en realidad privado en el cual el privilegio de la ley implica o bien leyes de sesgo determinado para beneficio propio, algo de esto ya está en Locke pero con bastante más grandeza, o bien directamente una ley permanentemente burlada por la posición social privilegiada. Así, el estado se convierte en privado pues el cumplimiento de la legalidad es tomado como razón de conveniencia. Y estando situados en la escala social más alta (y algo de esto sabemos todos los funcionarios) es objeto de fácil burla.

Sin embargo, alguien podría cuestionar si no iría esto contra nuestros propios principios cuando nos presentamos, de forma presuntuosa sin duda, como ilustrados y marxistas. Pues, ¿no estamos diciendo que el cumplimiento de la ley está por encima de la ética personal? Pues sí, eso es precisamente lo que estamos diciendo. Y lo decimos en democracia, y exclusivamente en democracia, por dos motivos: por un lado, porque la existencia de una ley conocida es la mejor defensa del débil ya que de otra forma, sin una ley que haya que cumplir y que obligue a todos por igual, siempre el que ocupa el puesto social más poderoso tiene todas las opciones para imponer sus privilegios; y, en segundo lugar, porque una cosa es el cumplimiento de la ley y otra su desacuerdo. Es decir, y en eso consiste también la democracia, uno puede estar en profundo desacuerdo con una ley e incluso presentar todas aquellas medidas que considere oportunas para su derogación, pero cumplirla. Así, el PP puede, está en su derecho, presentar recursos contra la ley del matrimonio homosexual, con un argumento tan poco racional y consistente como que toda la vida eso no ha sido así -lo que le recuerda a cualquiera, por cierto, los argumentos de nuestras abuelas por no hablar ya del argumento de un dios todopoderoso que dijo hace 2500 o 2000 años, depende de la tradición, cómo debían de ser las cosas- pero no puede exigir su no cumplimiento. Bastante gansada es permitir esa objeción de conciencia médica en el aborto, ¿y por qué no por ejemplo en cualquier otra ocupación de un funcionario público?, para ahora comenzar a pedir a su vez el incumplimiento de la ley del matrimonio homosexual.

Pero además, todo esto no demuestra sino la doble moral del propio Partido Popular quién no duda en pedir la máxima fidelidad a las líneas de actuación de su cúpula dirigente -elegida, no lo olvidemos, en plan monarquía absoluta con herederos del gran líder- mientras a su vez implora por la libertad de conciencia ante el propio estado democrático. Es decir, el partido no puede ser desobedecido pero sí el estado. ¿Por qué? Pues porque el partido defiende el privilegio propio, la ley del fuerte, y el estado en democracia puede sorprender a veces, aunque cada vez menos. Y por eso, es tan necesaria la ley y tan democrático su cumplimiento.