OTRA VEZ –tal vez canse- POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, a petición de la Fiscalía, ha decidido ejercer la censura. El argumento para secuestrar una revista es que la portada de El Jueves es “denigrante e infamante”. Ante esto cabrían varias puntualizaciones y algunas dudas.

En primer lugar si por algo se ha destacado la Fiscalía durante el último año es por su permisividad ante el entorno etarra. Esto, que parecería no venir ahora al caso, sin embargo sí que resulta interesante de resaltar pues nos encontramos ante una fiscalía eminentemente política y en pleno año electoral donde todo busca tener su mensaje inmediato. ¿Cuál ha sido el mensaje? Pues el contrario de antes ya que las elecciones municipales no han pasado en balde. Si durante un año la idea era que aquí se podía decir de todo en aras de la paz y la concordia, ahora la lucha por el centro electoral, o sea la derecha sociológica, que permite aspirar a ganar unas elecciones, implica algo de mano dura. Y como el matón de barrio que no puede ejercerla con quien necesita políticamente, o sea: el entorno etarra, debe ejemplificar en el más débil. Y haciendo uso del argumento pequeñoburgués por excelencia: el buen gusto. Se trata así de un guiño, mal medido, a la causa socialmente avanazada como antes lo fueron, por ejemplo, las causas humanitarias para liberar al etarra.

¿Pero otra vez está aquí el gobierno? Pues sí. Resultaría ingenuo pensar que quien hasta la fecha ha estado detrás de todos y cada uno de los actos de la fiscalía ahora no estaba al tanto de éste. No se trata, sin embargo, de que haya sido el gobierno quien haya dado este paso sino que seguramente algún fiscal ha querido contentar al jefe con vistas a su promoción una vez visto que la promoción, con cualquier gobierno, es por causas de lealtad ciega -y algún ejemplo hay. Y así, si al principio el jefe estuvo contento, inenarrable la lección de lo que no es democracia por parte de De la Vega y su juicio sobre el respeto a las instituciones, luego tuvo que recular, bien que con razones técnicas, ante la que se montó y el ridículo de secuestrar una publicación para que se publique como nunca. De esta forma, un gobierno que se contradice de forma perenne –primero señalando límites a la libertad de expresión, luego abogando por lo contrario- demuestra que detrás de todo está el rédito electoral. Analizaron resultados y, aquí y por una vez fue más listo el PP en su ambigüedad, mantuvieron la postura que triunfaba en la encuesta. Se llama tener criterio.

Pero dejando a un lado esto, lo que sorprende es que una medida máxima, la retirada de una publicación, se dé porque una caricatura denigre. Bueno, habría que informar, en primer lugar, que por eso, precisamente, es una caricatura y no un retrato. Sin embargo, hay que ir más lejos ¿Tenemos derecho a publicar cosas denigrantes e infamantes? El problema surge porque lo denigrante e infamante es muy subjetivo y si bien podemos estar de acuerdo una mayoría, por ejemplo, en que algo sea de mal gusto -esos programas basura llenos de periodistas basura- no cabría ejercer la censura pues la libertad de expresión, ya lo hemos dicho otra veces, es precisamente la libertad de los otros de publicar lo que a nosotros no nos gusta por cualquier causa y, por tanto, no publicaríamos. Así, la defensa de la libertad de expresión no es solo un derecho propio sino, y sobre todo, un derecho ajeno: lo que defiende el que apoya la libertad de expresión no es solo su propia posibilidad de expresión pública, que también, sino la posibilidad del otro de decir lo contrario a lo que uno piensa.

¿Cuál, pues, debe ser el límite a esa libertad de expresión?
Los dos únicos límites que se nos ocurren serían cuando se acusa a alguien de la comisión de un delito o se realiza un ataque a su honor o buen nombre sin pruebas y cuando se amenaza. Cuando se acusa a alguien de algo sin pruebas, hecho que por cierto ocurre prácticamente cada día en cualquier medio de comunicación, cabe la censura porque lo que se está haciendo es decir que alguien hizo algo y al tiempo no presentar las pruebas de eso que hizo. Es decir: se está vulnerando el principio de presentar datos para que el interpelado pudiera defenderse y demostrar la falsedad de las acusaciones. Y al hacer eso se le está impidiendo su posibilidad de defensa y, con ello, su libertad efectiva de expresión pues nada podría decir. Al prohibir amenazas, por su parte, se está poniendo en práctica un principio de libertad básico y es que nadie debe vivir coaccionado por otro. Es decir, en ambos casos se limita la libertad de expresión únicamente para que exista: para que todos, y no solo el que amenaza o acusa, puedan hablar. Sin embargo, cuando se recurre a cualquier otra causa de censura como el buen gusto se está utilizando un criterio no objetivo de dominio social: el buen gusto es lo que la idea social dominante, correcta o incorrectamente, decide que lo es. Y así, eso sí coarta la libertad de expresión pues no hay prueba más allá del convenio social, que suele ser imposición, para la defensa de quien se lo salta.

No pensamos aquí buscar demostrar si la portada de El Jueves es denigrante o no. Lo que pretendemos es defender, sencillamente, el derecho a ejercer la crítica a cualquier institución –y la monarquía lo es- con el único límite arriba prescrito de la injuria a una persona concreta. ¿Es una portada de mal gusto? Sí, claro. De hecho es un humor soez, como casi toda la revista por otra parte, que no nos gusta, pero por eso hay libertad de expresión. Y de hecho, tiene mucha más gracia, y resulta más crítica, la rectificación que la portada anterior .

Ya hemos hablado de ello otras veces. La libertad de expresión debe ser un derecho fundamental en democracia. Y su límite no puede estar en la crítica a las instituciones o a las figuras públicas sino sólo a las personas privadas y en las circunstancias previstas anteriormente. Nunca el límite a la libertad de expresión puede ser situado en la crítica a cualquier institución, presuntamente divina o presuntamente humana, pues entonces el límite legal previsto sería un límite al propia ejercicio de la razón en su desarrollo crítico. Y precisamente ese desarrollo es, o al menos debe ser, una clave de la democracia