CONTRATO, ESTADO E IZQUIERDA

La reciente pérdida de derechos sociales acaecida tras el pomposamente (a)firmado como Pacto Social entre gobierno y sindicatos no solo debe indignarnos sino, básicamente, debe hacernos reflexionar sobre las relaciones en democracia entre los ciudadanos y el estado. Y pretendemos aquí hacer eso.

Indudablemente lo primero que se presenta ante el pacto es el gravísimo empeoramiento en las condiciones socioeconómicas de y para la jubilación. Efectivamente, haciendo una sencilla comparación con la situación anterior se ha perdido en todas y cada una de las circunstancias dadas: se aumenta la edad de jubilación, se aumentan los años de cotización, se aumentan los años para calcular,… Así, cuando los sindicatos presentan esto como un triunfo la pregunta sería en qué mundo viven –bueno, ellos en uno mejor-. Así, mirándolo desde un punto de vista económico personal, el pacto es un fracaso para los inversores en el sistema de pensiones que somos, curiosamente, de forma obligatoria todos los ciudadanos. Nos han cambiado las condiciones con las que habíamos hecho el contrato y lo importante aquí es que nos lo han hecho unilateralmente. El estado es el único contratista que puede cambiar las condiciones sin necesidad de acordar nada con la otra parte, los ciudadanos, y sin problemas judiciales. El estado me cambia las condiciones de mi, y de su, jubilación y mi única salida es la aceptación pues ni siquiera me vale salirme de la empresa: estado somos todos para pagar cotizaciones pero no para mantener derechos. El estado, en fin, ¿me trata como ciudadano o como súbdito?

Ciudadano. Vayamos un poco más lejos. ¿Tiene el estado legitimidad para cambiar las pensiones cuando a él le interese sin preguntar a la ciudadanía? Alguien podría decir que hay implicados representantes legítimos, pero vamos a negar la mayor. Y lo vamos a hacer no en un plan ingenuo, algo así como pedir una asamblea permanente, sino en un modelo estrictamente democrático representativo.

Veamos a los protagonistas del pacto: por un lado el gobierno del PSOE; por otro los sindicatos de clase –ahora ya sabemos de qué clase- CCOO y UGT.

Primer lado, el partido socialista ganó las elecciones negando la crisis y en todo su programa electoral no hay mención alguna a una degradación del sistema de pensiones. Es más, el mismo presidente del gobierno, con permiso de Merkel, decía el 16 de mayo de 2009 que no habría recortes sociales –añadiendo un uhmmmm de autosuficiencia-. Así, el pacto de los ciudadanos con el gobierno se mantenía en esos términos y no en otros. Y si el gobierno de Merkel, o de Zapatero, rompió el pacto debería haber convocado elecciones pues los ciudadanos son contratistas en clave democrática: el presidente estaba bajo determinadas condiciones, si cambian debe dimitir. Y esa calidad de contratista, es decir: de firmar unas condiciones y no cualquier otra, es clave en la democracia. El gobierno fue elegido, y esos diputados y senadores que votan al berrido borreguil de su agradecido estómago, bajo un contrato que fue su programa electoral ¿Se ha cumplido? No. Admitamos que las circunstancias les pillaron por sorpresa -¿sorpresa?-: pues en regla democrática, y si se quieren cambiar las condiciones del contrato, deberían haber convocado elecciones y presentar un nuevo programa.

Pero algo parecido ocurre con los sindicatos. Ustedes saben que yo era –obsérvese el pasado- afiliado a CC.OO. Revisaba el otro día una revista que me mandaba el sindicato. Era de enero de 2011. Oh, qué espíritu revolucionario. Oh, qué reivindicación. Ah, qué falsedad. La pancarta, miren la foto, ponía un claro no a la jubilación a los 67 años. Quince días después era un claro sí. Hoy publica un periódico que llegará hasta los 69 ¿Realismo de los sindicatos? Yo estaba afiliado, bueno, aún lo estoy porque cobran por trimestre y hasta que no se acabe lo que ya pagué no pienso irme: uno también tiene un precio, y nadie me preguntó mi opinión. El sindicato podía haber hecho un referendo sobre el tema: lo hace cuando se trata del convenio en una empresa ¿Por qué no lo hizo ahora? Imaginen el resultado. No quieren afiliados, quieren militantes. Y que portemos banderolas, ¿hay algo más triste que esa masa aborregada en los mítines que a la voz de ya agitan banderas? Bueno, hay algo igual de triste: esa masa aborregada que a la voz de ya aplaude en un plató de televisión. En eso buscan que termine el movimiento obrero.

Queda un tercer elemento: los diputados. Estos forman parte de la propia organización interna del partido. ¿Ha habido algún voto en contra de la Reforma Laboral? ¿Alguien dirá algo contra el autodenominado pacto social? No. ¿Por qué? Porque de pronto todos, pero todos, han descubierto que hasta ahora estaban equivocados. Es más, han descubierto que el programa electoral por el que cobran su más que elevado sueldo, en vistas a no pensar y solo pulsar un botón –cosa que harían gratis las palomas del conductista Skinner-, era erróneo. Pero ni uno tras esta dura realidad ha dimitido. Es tan dura la vocación de servicio.

Y hay, por último, un cuarto elemento. Todas estas reformas, hablemos claro, han sido impuestas desde la estructura menos democrática posible: la Unión Europea. No se trata solo de que el Parlamento Europeo solo sirva como refugio dorado –estoy por presentarme aunque no me gusten las coles- sino de que toda la política económica europea ha adquirido una realidad ajena a los ciudadanos que ni la eligen ni la votan ni la pueden reelegir o no. Sin embargo, gobierna y dicta la política económica de los países –cuando menos, de los protectorados-.

Somos conscientes de que la idea de un contrato social como origen legítimo del estado nunca fue real. Pero también presentimos que nos alejamos de ella. La ciudadanía no puede reducirse a votar cada cuatro años a unas instituciones cuya finalidad, precisamente, es la negación de esa ciudadanía. Alguien debería comenzar a cuestionar el pacto no para rechazarlo sino para hacerlo real. Porque detrás de la destrucción del pacto, o ya delante, está la destrucción de estado social del bienestar. Y de la democracia.