lunes, septiembre 05, 2011

FUNCIONARIOS, DEMOCRACIA Y HUELGA INDEFINIDA (en educación ahora)

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho
Artículo 1 de la Constitución de España.

En un artículo anterior, pretendíamos analizar la legitimidad de una huelga indefinida de la educación en Madrid. Manteníamos, vamos a resumir por ser algo siempre necesario cuando los artículos son tan aburridos como en este blog, que no considerábamos la posibilidad de la huelga indefinida en educación porque era estratégicamente inútil y moralmente nefasta. Sin embargo, es cierto, tal vez no desarrollamos convenientemente esta última parte. Precisamente, este artículo pretende explicar la razón que nos lleva a pensar que una huelga indefinida, da igual de toda la semana o de tres días, en un servicio público es inmoral y por qué yo, y perdonen que hable personalmente, no la pienso hacer aunque la haga todo el mundo.

¿Qué es un servicio público? En democracia un servicio público debe ir unido a la idea de que los ciudadanos tienen derechos. Y que estos derechos son esenciales a la propia sociedad democrática. El usuario de este servicio público así no es un mero cliente, porque en ese caso su derecho estaría limitado a su posibilidad económica de pagar el precio del servicio, sino un ciudadano: ese servicio desarrolla algo que se considera esencial en la sociedad y por ello no se basa en la capacidad económica. Así, por poner un ejemplo, la educación o la sanidad responden a una exigencia de derechos democráticos. Es decir, no son una concesión del estado, una caridad pública, sino que deben ser una necesidad, algo que no puede no ser, de la democracia.

Por ello, la democracia auténtica no solo debe recoger los derechos de los ciudadanos, sino también debe garantizar los servicios públicos que cumplen esos derechos independientemente de la posición social de los individuos. La democracia, así entendida, ya no es solo un mero régimen político sino que es una forma social de convivencia: un estado social y democrático de derecho. Votar cada cuatro años no es solo democracia; el día a día con la garantía de los derechos, sí lo es.

Y al tiempo, algo que se olvida con frecuencia, los ciudadanos deben ser responsables en el uso de estos servicios porque no se les da como clientes -a un cliente se le debe exigir educación pero no deberes- sino como algo con un contenido político y por ello moral: ciudadanía. Un servicio público puede exigir, efectivamente, ciudadanía: que los derechos vayan unidos a deberes. Y así, para poner un ejemplo extraño hoy en día, se podrá exigir a un estudiante universitario que vaya a clase y estudie porque la sociedad subvenciona su educación superior como un derecho y por eso la mayoría de su tiempo no deberá pasarla en la cafetería o de botellón sino en la biblioteca o en el aula.

Y a esto se añade algo. Los servicios públicos así concebidos no son por tanto poseídos por la administración, en cuanto al partido gobernante determinado, sino que pertenecen al marco propio de la convivencia democrática. Es decir, un partido no puede suprimir los servicios públicos que garantizan los derechos porque eso sería atentar contra la democracia. Y tampoco puede pretender adueñarse de ellos convirtiéndolos en una empresa privada. Los servicios públicos pertenecen al estado en cuanto este debe ser el garante de la democracia y no al gobierno de turno.

Por eso, también, los servicios públicos no pertenecen a los trabajadores que los desarrollan. No pertenecen a los trabajadores que los desarrollan es aquí una frase fundamental para el tema. La educación de mis alumnos es un derecho democrático de ellos y no una acción meramente laboral por mi parte de la que pueda disponer libremente y como me plazca: no puedo hacer en clase lo que me plazca. Porque mi jefe, como servicio público, no es un empresario con intereses económicos -por cierto, legítimos en el orden actual de cosas y por lo mismo por lo que yo trabajo: ganar dinero- sino que mi jefe es la propia existencia de los derechos democráticos. Por eso, la responsabilidad de los trabajadores de los servicios públicos es inmensa y por eso su importancia es fundamental: por eso, somos funcionarios y no contratados meramente. Porque nuestro trabajo es garantizar el día a día de la democracia que es mantener la prestación de los servicios que los derechos ciudadanos exigen. Los funcionarios no solo trabajamos laboralmente sino que hacemos algo más: defendemos el estado democrático en el día a día. Los funcionarios somos tales porque damos fe del estado y en democracia de ese mismo estado democrático. Somos, o debemos ser, en frase tal vez pretenciosa, los garantes de la democracia.

Y ser estos garantes implica algo terrible: nuestras condiciones laborales no responden a la lucha de intereses típica entre contratados y empresarios sino que añade un elemento nuevo que es los ciudadanos. Efectivamente, los funcionarios no estamos inmersos en esa dicotomía simple sino en una mayor complejidad: en medio están los ciudadanos. Y al estar los ciudadanos están necesariamente sus derechos que son la democracia. ¿Podemos perjudicar los funcionarios los derechos democráticos de los ciudadanos? Sí, sin duda y seguramente lo hemos estado haciendo hasta ahora cuando no hemos cumplido con nuestras obligaciones de servicio público amparándonos en nuestros derechos laborales para trabajar poco. ¿Debemos hacerlo? No, sin duda.

Una huelga indefinida en educación implica necesariamente la abolición de los derechos democráticos de los ciudadanos (en este caso, de los alumnos). Es paralizar, en este caso concreto, el derecho a la educación de aquellos alumnos que no pueden alcanzar la enseñanza concertada -que se paga a través de las cuotas extras- o la privada. Es, en realidad, hacer lo mismo que Esperanza Aguirre: despreciar el derecho a una educación de calidad para los sectores sociales más desfavorecidos. Nadie nos obligó a ser funcionarios pero al hacerlo, nos guste o no, adquirimos algo que estaba en el cargo: no solo tener un puesto fijo sino desarrollar la democracia.

Esperanza Aguirre sin duda pretende la conversión de la enseñanza pública en algo de caridad: lo llevamos presentado hace años en este blog y el programa de bilingüismo sería el mayor ejemplo. Por ello, hay que presentarle batalla y contundente. Porque lo fundamental que está en juego aquí no es las dos horas más o los 3000 interinos que entrarán al paro -siendo muy grave lo segundo- sino la idea de educación como derecho y la propia idea de democracia. Pero el problema es que una batalla que desprecia el derecho democrático y decide dejar a los alumnos sin clase, como es una huelga indefinida, no es sino repetir la misma idea de fondo de la derecha: los servicios públicos no son derechos inalienables sino caridad estatal que se pueden quitar o poner según los intereses oligarcas ya sea del gobierno o de sus empleados.

Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay algo falso en ampararse permanentemente en la pureza de la crítica para no dar soluciones que puedan estar, incluso, equivocadas. Por eso, hay que tener un gran respeto a la política, sobre todo cuando hoy en día es tan fácilmente vilipendiada por los espíritus más puros. En breve, esperamos que esta misma semana, una respuesta a cómo los profesores deberíamos actuar.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Pues de nuevo (ya van muchas) vuelvo a estar de acuerdo con usted. Cómo no estar de acuerdo en el análisis teórico de que la Educación es un derecho, algo que no puede no ser en un Estado de Derecho democrático. Y completamente de acuerdo en las implicaciones de deberes para los usuarios y la no propiedad o pertenencia ni al gobierno de turno ni a sus trabajadores. Todo ello hace que las relaciones sociales que así se instituyen son las de ciudadanía. Y totalmente de acuerdo en las implicaciones que adquirimos al "elegir" dedicarnos a ser los garantes de la prestación en el día a día de un derecho que no puede no ser. Dentro de ellas está la "condena" de que nuestras condiciones laborales no son reducibles a una contraposición de trabajadores-empleadores (como sí creo que se establece esa relación de primer nivel en la educación privada y, habría que matizarlo y pensarlo detenidamente, en la concertada). Y como decía el poeta, aquí vienen los peros…
Pero su argumentación reposa en aceptar implícitamente que si los trabajadores de la educación comienzan una huelga indefinida, suprimen un derecho que no puede no ser. Y lo que inmediatamente me asalta al leer su texto es si esto es así. Porque toda la reflexión en "abstracto", es decir, teórica, antes dicha es imprescindible porque da la "medida" de la Razón para determinar si los hechos son lo que son o son otra cosa, para "medir" la realidad en "concreto". Como usted muy bien dice: “un partido no puede suprimir los servicios públicos que garantizan los derechos porque eso sería atentar contra la democracia.” Por supuesto que en "concreto" no se suprime el derecho de manera "directa", sería atentar directamente contra la Razón democrática en "abstracto" que "mide" la realidad, que da la "medida" de lo que las cosas son, porque si no son otra cosa. Pero sí se crean las condiciones por las que dicho derecho se desvirtúa de tal manera que "indirectamente" deja de ser lo que es, pero guardando la apariencia de seguir pudiendo ser lo que debería ser. El Estado (que no otra cosa son las Comunidades Autónomas, representantes del Estado en su territorio… olvido interesado de esto por parte de los nacionalismos periféricos con el permiso de PP y PSOE) es el que crea las condiciones que eliminan, suprimen y hacen imposible la realización en el día a día del derecho, por tanto imposibilita la realización de las relaciones sociales que se deberían instituir como Estado de Derecho democrático, imposibilita el ser ciudadanos. Es el Estado el que, no "formalmente", pero si de "hecho", elimina el derecho y todo lo que de ello se deriva. Y los trabajadores de la enseñanza se movilizan para exigir su no supresión, los garantes de la realización en el día a día del derecho se movilizan para defender los derechos ciudadanos, sí, del Estado mismo, que quizá ha dejado de ser Estado de Derecho democrático en sí mismo. Los trabajadores se movilizan no contra el derecho, no eliminándolo, si no a su favor, pidiendo su realización efectiva. Y esto es lo que hay que explicar. Y es tan fundamental que nos va la vida en ello. No como trabajadores de la enseñanza, sino como posibles ciudadanos de un Estado de Derecho democrático. Y es aquí donde yo tengo las dudas de si una huelga indefinida es la mejor herramienta para explicar que de "hecho" se está imposibilitando la realización social de un Estado de Derecho democrático. No estamos hablando de nuestras condiciones laborales… que es una nimiedad con respecto a lo que está en juego. Acepto que la crítica que me puede hacer señor Mesa, es que creo que yo no estoy hablando de moralidad, sino de otro enfoque en el análisis de la realidad. ¿Estoy hablando de política?


El Sanfe.

Anónimo dijo...

P.D.: la contraposición formal-real no intento utilizarla a la manera de la tradición marxista clásica, en que creo que un marxista reconocido como usted pensará nada más leerla; si no más bien la tomo desde la manera de ser las cosas lo que son y no otra cosa, tiene más que ver con el ser de las cosas, con cómo son o no las cosas lo que son, que con otra cosa (seguro usted le sabe poner el nombre técnico filosófico, si es que lo tiene). Con todas sus implicaciones políticas que ello tiene. No entiendo su contraposición de crítica y política que realiza al final de su texto. A lo mejor deberíamos definir qué entendemos por política, porque quizá no hablamos de lo mismo.

El Sanfe

Enrique P. Mesa García dijo...

D. El Sanfe:
1.- el problema que yo veo a su comentario es que parte de un supuesto: los trabajadores de la enseñanza se movilizan para exigir su no supresión, los garantes de la realización en el día a día del derecho se movilizan para defender los derechos ciudadanos, sí, del Estado mismo, que quizá ha dejado de ser Estado de Derecho democrático en sí mismo. Es decir, usted da pòr hecho que los profesores se han movilizado por los derechos ciudadanos y no por sus intereses. Y el problema de su explicación es que entonces no se contesta apor qué no se movilizaron antes, Aguirre lleva tres años, al menos, recortando educación, y sí se revolucionan ahora. Es decir, habría que buscar la clave de la movilización actual y la desmovilización pasada. Algo qué courra ahora y no antes. Y ese es el problema: los derechos ciudadanos ya estaban antes en juego.
2.- Pero hay algo más. Los profesores, como minoría ilustrada, privan a los ciudadanos de sus derechos por su propio bien. Los marxistas somos suspicaces: ¿una minoría lucha por una mayoría por su propio bien? Que yo sepa, eso solo se ha dado, y de forma limitada a individuos y a una sola disciplina cultural, una vez en la historia.