REFORMA EDUCATIVA Y PRECARIZACIÓN

Una diferencia entre una teoría conspiratoria y una real es que la segunda no solo es capaz de explicar hechos pasados, sino de ser coherente con hechos ocurridos con posterioridad a su formulación. Nosotros mantenemos que existe un proyecto consciente de precarización dirigido y sustentado por la oligarquía europea -económica, política y social- que consiste en convertir el sur de Europa en un BRIC, teniendo como modelo China. De ser esto cierto, todas las reformas sustanciales del gobierno deberían ser coherentes con esta línea. Hasta ahora hemos visto como así era en la reforma laboral y en la política de recortes. Toca ahora, consecuentemente, planteárselo en la reforma educativa. ¿Responde la reforma educativa al proceso de precarización?

No se puede analizar la educación solo de acuerdo a un hecho legislativo sino que hay que remitirse también a lo social. Cuando se pretende reducir el problema educativo estrictamente a lo que ocurre en el aula, se falsea. Sería como pretender reducir la salud al uso de las medicinas y olvidar las condiciones de vida, la higiene o la alimentación en ella. Así, las condiciones sociales son básicas y la política educativa empieza en ellas. Por eso, desenmascarar una ley educativa no es un procedimiento para la filosofía del derecho o para la pedagogía, sino para una filosofía real: la ley es buena o mala de acuerdo a su relación con lo existente. Por ello, cuando nos planteamos la reforma del PP, no lo hacemos en un marco ideal sino real: como reforma para el aquí y el ahora. Y, según nuestra teoría, el aquí y el ahora es el proceso de precarización esquematizado en el primer párrafo. Por esto, al analizar la reforma educativa tendremos que relacionarla con ello.

En primer lugar, una educación para la precarización debe tener como meta principal la producción económica. Lo que importa no es la formación de los ciudadanos, a los que ya se les ha quitado la soberanía, sino la generación de una mano de obra con unas características determinadas al servicio del proyecto oligarca. De ahí, que el primer párrafo de la nueva ley esté dedicado a esto. Y señalamos primer párrafo, no segundo, tercero o sexto porque eso marca la importancia concedida al proceso. Lo que importa no es el individuo concreto y su formación, el ciudadano, sino el obrero para la competitividad del sistema: su capacidad para ser mano de obra dúctil -y, como veremos, poco cualificada-.

Así, segunda condición, si la finalidad es la mano de obra dúctil resulta comprensible la importancia concedida a dos hechos: por un lado, la enseñanza de las lenguas extranjeras; por otro, las llamadas materias procedimentales (lengua y matemáticas). Esto se resume en algo: la prioridad no son los contenidos, sino la capacidad de saber hacer entendida como adaptabilidad a los procesos de producción. Y esta capacidad se contrapone, y ahí está la clave, al contenido cultural. No se trata, por tanto, de que estas materias no sean importantes sino de otra cosa.

En primer lugar, resulta imposible de creer que la causa del fracaso de las llamadas materias procedimentales sea su escasez horaria, siendo las que más horas recogen en la vida de un estudiante. Tal vez, habría que buscarlo en otro motivo. Sin embargo, la ley se centra en esto de forma no inocente pues le permite recortar materias consideradas innecesarias, entre ellas coherentemente la Ética, por otro lado.

En segundo lugar, porque, curiosamente o no, el contenido de dichas materias procedimentales, su currículo y especialmente en lengua, están absolutamente alejados del hecho instrumental. ¿Hace falta para comprender un texto o escribir con corrección saber hacer incansables análisis sintácticos o conocer los valores del se? Por supuesto que no. Las materias presuntamente procedimentales tienen un desarrollo real alejado de sus pretensiones. Esto no aparece, claro, en la ley ni se desarrolla porque no hay una preocupación real sino un pretexto.

Tercero, porque esta diferenciación típicamente LOGSE, y errónea, está muy alejada del espíritu de la derecha -recordemos la reforma de las humanidades-. Es, por tanto, algo sobrevenido al pensamiento del PP.

Y cuarto, y fundamental, porque la propia distinción procedimental es falsa. Hasta la educación superior, al menos, todas las materias son también procedimentales pues todas sirven por igual a forjar una mente abierta y adaptada a la realidad. Pero, adaptación no es sumisión.

Así, no parece que haya necesidad de más horas de clase de las materias en cuestión y tampoco se entiende que de pronto la derecha recupere espíritu logsiano si no hubiera un elemento extraño y novedoso que les empujara a esto. Este hecho es precisamente el futuro como precarización. La finalidad última del nuevo sistema educativo es formar mentes adaptables pero también vacías y la forma más sencilla es negar contenidos porque estos conforman memoria. Así, la prioridad de las materias procedimentales es la excusa para eliminar una memoria cultural inscrita sobre unos valores traicionados: los alumnos vivirán en un permanente presente dominado. Y esto es clave porque lo que realmente se busca con esto es la adaptación social como sumisión, y no enseñar matemáticas o lengua. El fin es el adiestramiento y el medio es una escuela vaciada de contenido. De esta forma, el saber hacer como capacidad no es realmente autónomo pues depende del otro que controla ya absolutamente el contenido, el qué hacer, para rellenarlo. El procedimiento es mecanización.

¿Y qué es una materia inútil en el proceso de precarización? Por lo pronto, no la religión. Pero ya en materias serias, no es aquella que podríamos denominar como presuntamente erudita, con un contenido cultural exclusivo, sino aquella que pretende una fundamentación. Hay dos casos extraordinariamente llamativos de esto en la nueva ley, uno por etapa.

En primer lugar, vamos al bachillerato. Luego analizaremos cómo esta etapa está pensada en la ley para una minoría, pero ahora nos interesa algo distinto. En el bachillerato hay materias comunes -para todos-; de modalidad -de acuerdo a la especialidad-; y, una optativa por curso. Hay una especialidad de ciencias sociales y en ella antes era obligatoria, con criterio sensato, la Economía en 1º de bachillerato -una introducción general donde se analizaban las distintas corrientes y los principales conceptos- y Economía de la empresa en 2º -especializada en la economía aplicada al negocio-. ¿Cuál de las dos creen que ha quedado como obligatoria? Efectivamente, la de empresa: en una economía precarizada y cuya finalidad última es ser un BRIC, la economía como reflexión sobra porque qué tipo socioeconómico se quiere es algo que ya viene impuesto.

El segundo caso es aún más interesante. Se trata de la eliminación de la Ética del último curso de la ESO: cuarto. Sin embargo, sorpréndanse, se mantiene la Educación para la Ciudadanía de 2º, tan criticada por el PP. Como el caso es muy interesante y ejemplificador -y también, seamos sinceros, porque nos afecta personalmente- lo vamos a desarrollar en otro escrito. Pero lo que ahora importa es que la asignatura que buscaba imponer permanece y la que buscaba reflexionar, y que siempre defendió el PP, desaparece.

De esta forma, para una educación en la precarización, por ahora, es necesario un proceso de adiestramiento que excluya el contenido o la reflexión y cuya finalidad sea la producción. Eso ya está. Pero, la educación pública implica el peligro de la innecesaria, para la precarización, cualificación académica: demasiada gente puede tener lo que la élite considera suyo. Por eso, es necesario dificultar el proceso. Y aquí entra la segunda parte de la ley.

Según propias palabras del ministro, la reforma busca que los alumnos vayan a la formación profesional de grado medio. Como resulta evidente que los hijos de la clase alta no lo van a hacer, lo que quiere decir el ministro es que los hijos de clase media y baja deben tener ese objetivo. Alguien podría decir que eso es bueno teniendo en cuenta el nivel de fracaso y abandono escolar. Pero ese no es el fin último de la ley sino bajar la cualificación de la población. Así, la nueva ley convierte la carrera escolar en un conjunto de barreras donde lo importante no es su dificultad, porque entonces los hijos de papá no la aprobarían, sino el carácter desmotivador para el alumnado y para los centros públicos.

Efectivamente, los alumnos menos motivados externamente, que suelen ser los de clases sociales más bajas, serán más proclives a renunciar a seguir estudios conforme más dificultades se pongan. A su vez, los centros, que serán evaluados por los resultados de esas pruebas, tenderán a eliminar de las mismas a esos alumnos que presentan más dificultades. No se trata por tanto de evitar el fracaso o el abandono escolar, para eso haría falta hacer otra cosa, sino de cortar por abajo, es decir: eliminar la alta cualificación. La idea clave de la ley es que la precarización necesita técnicos de bajo y medio rango, no universitarios. Y toda esa retahíla de exámenes, que va a ser carísimo por cierto, no encierran en sí mismos el problema, excepto en su inutilidad, sino la trampa: el efecto desincentivador.

Y así, si el palo es obstaculizar la presencia de la mayoría escolar en los niveles de mayor cualificación, la zanahoria es la proclamada excelencia. Efectivamente, la ley no se cansa de repetir cosas sobre la excelencia. Pero, hay algunos problemas.

En primer lugar, hay un momento especialmente cómico en la ley. Efectivamente, se proclama el fondo objetivo y científico de la reforma para a continuación distinguir a los alumnos por su talento. El problema es que el talento no es un término científico.

En segundo lugar, si España tiene un bajo nivel de alumnos excelentes no es achacable tanto a la enseñanza pública como a la privada de élite. Efectivamente, es este tipo de enseñanza la que se especializa en pijerías y es ella la que presenta el concepto excelencia como ideario. Si no hay alumnos excelentes, sea lo que sea eso, no puede achacarse sino a la capacidad académica, o incluso al talento, de la propia élite social que, al no estar ahí por mérito sino por pedigrí, no realiza el esfuerzo necesario. Al fin y al cabo, los colegios privados de élite tienen como máxima función social la de criaderos para evitar la mezcla pero no la de centros educativos.

Y, en tercer lugar, volvemos al efecto ideológico de la ley. La idea que se quiere transmitir socialmente es que la oligarquía social es excelente pues ha pasado por un presunto proceso de selección. Se trata de presentar lo apriori, porque ya pertenecen como cachorros a la oligarquía acaban en ella, como aposteriori, tras un proceso de selección han llegado a ser élite.

La nueva reforma educativa tiene como finalidad el sistema económico. Esto no es nuevo, pero sí lo es, por primera vez en democracia, que busque incentivar la baja cualificación. Esto es debido a que en el proceso de precarización no hacen falta universitarios -a los que de paso se les eliminan becas y se les suben las tasas- sino técnicos. Además, estos técnicos deben ser maleables y sin contenidos culturales: saber hacer debe ser solo saber hacer. Por último, Debe haber una clara segregación social desde los orígenes: la oligarquía debe ir a la universidad, las clases medias, ya depauperadas, y la baja deben salir de ellas.

En Tiempos difíciles, la novela de Dickens, un inspector llega a una escuela y reprende a los niños pobres por querer empapelar su dormitorio con caballos pues los equinos, les grita, no pueden caminar por las paredes: les regaña por querer soñar. El ministro Wert ha llegado a la escuela gratuita y ha regañado a sus alumnos: ahora, por soñar con ser universitarios.