lunes, enero 21, 2019

NOTA DE PRENSA DE LA PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA PÚBLICA CONTRA EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA.


España se constituye, según nuestra Constitución, en un Estado social y democrático. Esto significa que el Estado no se limita a garantizar los derechos fundamentales sino que debe intervenir para desarrollarlos. De ahí que haya, todavía, un sistema de pensiones, sanidad o educación público. En contra de esto, la globalización y la crisis han sido aprovechadas para generar políticas neoliberales de privatización, donde el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido punta de lanza.

Si nos ceñimos a la Educación, se busca convertirla en campo abierto para el negocio. De hecho, el Bank of America Merrill Lynch calcula en torno a cinco billones de dólares el dinero invertido en educación en 2017: se trata pues de un suculento negocio a conquistar. Y se trata, por tanto, de privatizar la educación. Y destaca en ello el apoyo del gobierno de la Comunidad de Madrid.

En primer lugar, el gobierno de Madrid apoya la privatización como negocio. Su método pasa desde la concesión de cheques escolares -en Infantil y FP, más el nuevo anunciado para Bachillerato-, al desarrollo de la escuela concertada como línea prioritaria, o al apoyo y a la creación de nuevas universidades privadas.

Igualmente importante es la privatización familiar. Esta consiste en la carga económica que las familias soportan por la insuficiencia de los presupuestos educativos. Y esta privatización está, de nuevo, especialmente desarrollada en Madrid, donde las familias aportan el mayor gasto por alumno de España mientras que nuestro gobierno regional tiene el menor gasto por alumno.

Además, la especialización de los centros públicos a través de distintos programas, donde resalta el programa bilingüe, generan una privatización educativa de la escuela pública con la que se rompe la cohesión de lo que debería ser una red pública de centros iguales y se aumenta la segregación del alumnado, situando a Madrid en cabeza de dicha segregación.

Por último, es también fundamental para el control social la privatización ideológica. Esta se ve en la petición de materias ajenas a la tradición académica y relacionadas con ciertos lobbies, cuyo mejor ejemplo es la Educación Financiera. Esta materia se vincula a la destrucción del Estado del Bienestar y a que pensiones, educación y sanidad van a ser privatizadas y ofertadas, convertidas en negocio, por las mismas corporaciones que la exigen en las aulas.

Privatizar la Educación supone la privatización del derecho a la Educación y, por tanto, su merma como tal derecho. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos, parece lanzada a desarrollarla, cumpliendo así con el programa neoliberal. Por ello, la Plataforma Regional por la Escuela Pública denuncia este proceso de privatización que pretende convertir los derechos ciudadanos en mercancía.




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