Bueno, pues con la urgencia que merece el tema, pongo aquí unas notas sobre el texto. Tiene tres partes.
La primera, analiza la parte general del texto.
La segunda, analiza la parte dedicada a Secundaria en ese mismo texto.
La tercera, hace un análisis general de lo aprobado ayer por el Ministerio y las Autonomías.
1.- ANÁLISIS DEL TEXTO
(Se analiza la parte general del texto)
PUNTO
1
En primer lugar, se echa de menos un apartado concreto donde
se explicite que la Administración educativa se va a preocupar de cuidar a los
docentes, sobre todo teniendo en cuenta que en el segundo guion se señala de
forma ridícula que los docentes acabarán cuidando a los docentes (la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la segunda parte).
PUNTO
3
En el segundo punto se señala que los centros educativos
identificarán al alumnado desconectado o no localizable y prepararán planes
específicos de recuperación ¿Y cómo pueden hacerlo los centros educativos, es decir los profesores? ¿Van casita a casita, cual ratoncito Pérez, para preguntar? Debería decirse que serán las administraciones las
responsables de identificar esta situación y, para ello, se ayudarán de los
servicios sociales. Sin embargo, y esto es interesante, se carga todo el problema a los centros educativos.
De esta forma, hay una constante en el texto de unir administraciones
y centros educativos en el mismo nivel de responsabilidad. Así, por ejemplo, se hace en el tema de la puesta a disposición de los estudiantes de los recursos
tecnológicos, lo cual es absurdo para los centros educativos que lógicamente no
pueden hacer ni eso ni varias de las cosas que allí se presentan. Da la
sensación de que la Administración se está librando de su responsabilidad
echándosela a los centros y, con ello, a los profesores. Efectivamente, frente a esta actitud cobarde, la Administración
debería comprometerse a medidas concretas en relación tanto al alumnado como a
los centros y no esconderse detrás de los centros.
PUNTO
4
Este punto constituye un ejemplo claro de cómo a menudo se
analiza la situación y se proponen medidas desde un lugar ajeno, o muy lejano,
de la realidad educativa. O dicho de otro modo, desde gente que hace muchos, muchos, muchos años no ha pisado un aula o un centro educativo. Esto se percibe especialmente cuando se señala, por
ejemplo, que los centros educativos y el profesorado diseñarán actividades
globalizadoras interdisciplinares, de modo absolutamente general. Aparte de que no sé muy bien qué serán las actividades globalizadoras interdisciplinares, imagino que algo superguai eso sí, resulta e la actualidad imposible de cumplir.
PUNTO
5
El punto 5 roza el ridículo legal cuando señala que los centros educativos y el profesorado
utilizarán diversas modalidades de evaluación, incluidas la autoevaluación y la
coevaluación y combinarán la información cualitativa y cuantitativa dentro del
marco general que establezcan las Administraciones educativas. Además,
contradice de plano lo que se ha asegurado en rueda de prensa acerca de no aumentar
la burocracia.
En este mismo punto, por último, en el renglón sexto, se dice
que la promoción de cursos será la norma
general en todas las etapas, considerándose la repetición de curso una medida
muy especial. Esta recomendación
debe leerse como o un desconocimiento de la realidad o un claro desprecio al profesorado, puesto que da por
hecho que la repetición de curso es hasta ahora la medida habitual. Se añade,
para colmo, que la repetición deberá
estar sólidamente argumentada, dando por hecho que los alumnos han repetido
curso antes de esta medida sin estar argumentado: tirábamos los exámenes al aire y si caía boca abajo pues ese suspendía. En fin, y esta gente se encarga de la educación.
Otro tema muy grave aquí sería el de la titulación. Se dice
que debe ser la práctica general. Es como si -volviendo a lo de antes- la
práctica habitual hasta ahora fuera la repetición. No hay ningún tipo de
estadística que permita defender que la práctica general hasta ahora no haya sido la titulación. Y no por un aprobado general encubierto, sino por el trabajo de los alumnos y los profesores.
2.- ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS ESPECÍFICOS EN EL TEXTO
(Solamente se valora lo que concierne a Secundaria)
PUNTO
2
Se dice en el punto 2: no
obstante se priorizará la evaluación atendiendo a su carácter continuo
formativo e integrador a partir de las evaluaciones anteriores y las
actividades desarrolladas durante este periodo siempre que ello favorezca al
alumno o alumna. La afirmación no es fácilmente comprensible y solo se
entiende si presuponemos que su mensaje principal es el de la búsqueda de un
aprobado general; porque en el caso de que la evaluación no favorezca al alumno,
¿cómo se le evalúa? Pues aplicando el principio general ya marcado en el punto 5, de modo que aprueba. Aquí aprueba todo el mundo y ya está.
En Bachillerato, en el punto correspondiente al mismo, se
añade otra vez que se tendrán en cuenta las evaluaciones anteriores siempre que
favorezcan al alumno o alumna. Si no le favorecen, pues no sabemos muy bien que
nota hay que poner. Bueno, sí, aprueba también. Que no decaiga.
3.- RESUMEN Y ANÁLISIS GENERAL DE LO APROBADO
Además de todo lo analizado específicamente, se puede hacer
una valoración general del espíritu del documento y sus líneas generales de
argumentación.
No es fácil desechar la idea de que todo el texto no es más
que una excusa para legitimar y facilitar un “aprobado general administrativo”.
PRIMERO
La Administración está
realizando en la práctica una dejación de funciones permanente, en tanto en
cuanto se señala -especialmente en el punto 1 del documento- la misma
responsabilidad para los centros educativos y el profesorado que para la Administración
general.
SEGUNDO
El documento parte de una realidad educativa absolutamente
inexistente e ideal: la adaptación personal de la evaluación, que es realmente
imposible de cumplir por los recortes que todas las administraciones, y pone todas aposta, han
realizado en los últimos años y por la sobrecarga de trabajo burocrático, el excesivo número de horas
lectivas y las ratios abusivas en las aulas que sufre el sistema educativo. Resulta, por todo ello, imposible esa fijación permanente en la adaptación individualizada a
cada uno de los alumnos, tanto este curso como el que viene, con la situación
actual que existe en los centros públicos. Culpa de ello es el escaso
presupuesto educativo que sistemáticamente España ha dedicado a la escuela
pública.
Culpables de ello son las mismas administraciones reunidas aquí que ahora se lo exigen al profesorado.
Culpables de ello son las mismas administraciones reunidas aquí que ahora se lo exigen al profesorado.
TERCERO
Cuando se habla del curso siguiente, en ningún momento se señala
ninguna acción concreta real y material para la “maravillosa” atención a la
diversidad que presuntamente va a poder aplicarse: en ningún caso se habla, por
ejemplo, de reducción de la ratio, de contratación de más profesores o de
reducir el horario lectivo del profesorado para que pueda atender
individualmente y de forma clara cada uno de los alumnos. Todo se hará porque lo dicen los consejeros y la ministra. Y además, porque lo pondrá en la ley. La diferencia, también permanente, entre la educación del burócrata y la real.
CUARTO
Las medidas concretas, y todo el texto en general, lo que
esconden en realidad es la idea de un aprobado general, señalando claramente
que únicamente en el caso de suspenso y repetición habrá que argumentar
claramente dicha nota. Es decir, si el profesor aprueba nadie te pedirá explicaciones, pero si suspendes, uy, uy, uy... Este aprobado general, además, parece más una medida
para quitarse el problema de encima que una cuestión pedagógica. Mejorará. eso sí sin duda, las estadísticas de la enseñanza burocratizada.
QUINTO
Por último, y como conclusión, las medidas de futuro resultan
ridículas en cuanto que se habla exclusivamente de la adaptación de los currículos y no de ninguna medida económica y
educativa concreta en cuanto a la reducción de la carga burocrática del
profesorado, su carga lectiva extrema o de la reducción de las ratios y de las
condiciones de dar la clase. Es un canto al sol, en el cual a través de la ley
y los reglamentos se pretende arreglar una situación real y material. Se trata,
en definitiva, de una nueva traición al sistema educativo público de calidad.
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