Los funcionarios somos trabajadores asalariados y nuestro patrón es el Estado. Obsérvese que no he dicho nuestro empleador ni, mucho menos (oh my God), nuestro CEO. Se trata por tanto, la función pública, también de una relación laboral y asalariada entre trabajadores y patrón.
Existe claramente, como ya hemos analizado profusamente en este mismo blog, aquello que hemos llamado proceso de precarización. Es el desarrollo de una serie de medidas estructurales que pretenden recortar derechos sociales, políticos y laborales en las sociedades occidentales. Este proceso tomó auge con la crisis económica, que en realidad fue no tanto una crisis sino un aprovechamiento para la reducción de derechos y la extinción del Estado del Bienestar característico hasta entonces de las democracias europeas.
Desde mi acceso al puesto de funcionario, he sufrido la precarización de mis condiciones laborales. No sólo he perdido poder adquisitivo, sino que además mis condiciones de trabajo han ido empeorando al pasar el tiempo, con la complicidad, hay que decirlo, de los propios sindicatos que dicen representarme. He vivido una pérdida de poder adquisitivo, un aumento de mi jornada laboral, un empeoramiento de mi situación en la jubilación y más cosas que indican que mi patrón no es precisamente generoso. Mis condiciones, en definitiva, son ahora peores a aquellas en las cuales yo ingresé en el cuerpo de funcionarios. Pero sería falso si hiciera una lectura particular de esto. No son mis condiciones particulares, en la exaltación de la ñoña diversidad, sino, y esto es clave, la precarización de las condiciones universales de la clase trabajadora en el mundo occidental.
La definición de privilegio es importante para este tema. Alguien podría decir, por ejemplo, que el hecho de que en España haya sanidad pública, educación pública o incluso derecho a una pensión es un privilegio frente a la inmensa mayoría de la población mundial que carece de dichos condiciones y, por tanto, habría que acabar con ello. Si se entiende, por lo tanto, privilegio en este sentido, cualquier mejora no mundial en las condiciones de un trabajo determinado son un privilegio: la falsa moral ascética hace sonreír al patrón. Por esto, aquello que una vez fue la izquierda real, pero no ésta autoproclamada de ahora, defendió que la lucha contra el privilegio no era la eliminación del derecho sino precisamente su universalización. Por ejemplo, si en España tenemos pensiones, no se trata de un privilegio frente a la inmensa mayoría de la humanidad, que carece de dicho derecho, sino precisamente de un derecho que debe darse a toda la humanidad: incluso, sorpréndanse, superando el pensamiento decolonial que igual considera esto etnocentrimo.
Cuando yo ingresé en la función pública uno de mis derechos, ya he perdido muchos, era MUFACE. Consistía sencillamente en que a mí se me retiraba mensualmente un dinero de mi sueldo para, de acuerdo a unas condiciones, tener una mutualidad y seguro sanitario. También, cuando entré tenía el derecho a una jubilación a los sesenta años o a un trabajo fijo. La derecha real, pues la derecha nunca es autoproclamada sino terriblemente real, defiende que el trabajo fijo, la jubilación a los sesenta años o la sanidad son privilegios para, y ese para es muy importante, la clase obrera. Pero, sorprende que la autoproclamada izquierda defienda que derechos que mejoran la vida de los trabajadores de un determinado sector sean privilegios.
Políticas de toda índole han dejado en caída libre la Seguridad Social. El derecho universal se vendió hace tiempo a los intereses de las oligarquías locales. La degradación del servicio en todas partes, desde el Madrid de la miserable Ayuso a la Cataluña del derecho a la autodeterminación de los pueblos, es imparable. ¿Es responsable de ello MUFACE? ¿Acaso MUFACE ha perjudicado algún derecho de un ciudadano español? ¿Implica MUFACE una desgracia sobre la clase trabajadora? Se mire por done se mire, la respuesta es no. Que los funcionarios tuvieran un seguro sanitario, trabajo fijo o jubilación a los sesenta nunca perjudicó a nadie. Incluso, al contrario, las mejores condiciones laborales del funcionariado deberían marcar un listón, desde una perspectiva de izquierda real, para la lucha de la clase trabajadora: universalizar derechos. Y, precisamente por esto, hay que quitarlos.
Concluimos. Lo que desde una visión de izquierdas debería destacarse en el tema MUFACE, no es el privilegio de un colectivo laboral sino cómo el proceso de precarización va cada vez mermando más derechos a la clase trabajadora. Sin duda, si el gobierno central fuera del PP, ¿se imaginan?, así sería. Pero si es el gobierno autoproclamado progresista, otro de Zapatero ya eliminó la jubilación a los 60 del funcionariado y de paso subió los años para el resto de trabajadores, toca callar: hay que presentar los derechos de los trabajadores como privilegios. La igualdad es la precarización, nuevo lema para una nueva versión de 1984. Es decir, demo alegrarnos porque vamos a ser más iguales en la explotación.
Bienvenidos al Nuevo Capitalismo y bienvenidos a su apoyo por parte de la autoproclamada izquierda. Pero no se preocupen, luego tendremos muchos cuidados, muy cuidadosos, o como antes prometía la iglesia mucha caridad, hondamente caritativa.
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