MANIFESTACIÓN EL 12: LA DERECHA Y LA EDUCACIÓN

El próximo día 12 de noviembre, diversas organizaciones (entre ellas muchas educativas y, por destacar alguna no educativa el PP o la propia Iglesia Católica), han convocado, o apoyado, una manifestación contra la LOE. Como nosotros estamos contra la LOE parecería normal que allí estuviéramos. Sin embargo, el motivo de este artículo es no sólo explicar mi ausencia por profundas discrepancias ideológicas sino criticar la propia causa de la manifestación.
La manifestación tiene, fuera de la retórica sobre el fracaso escolar que ambos bandos –aunque quizás solo sean uno- esgrimen, en realidad tres pilares básicos. El primero, la defensa del presunto derecho de los padres a decidir qué tipo de educación desean para sus hijos. La segunda, la justificación de la existencia de los centros concertados como un derecho. Y, la tercera, la defensa de la materia de religión.
¿Qué es el derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos? Según los convocantes se trata de un derecho constitucional que implicaría, al menos, dos cosas: por un lado la LOE sería incosnstitucional y, por otro, los padres deberían tener esos derechos a los que se unirían los del punto 5 del manifiesto:
Primero veamos lo legal. No existe ningún artículo constitucional que garantice lo que los convocantes dicen. De hecho, se dice lo contrario. Así en el célebre artículo 27 el único derecho que se les reconoce a los padres es que el estado les garantizará (que no les dará o les facilitará materialmente) “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. “. Es decir, que el estado se encarga de garantizar, jurídicamente, este derecho pero no se compromete a prestarlo (cosa que sí ocurre, por ejemplo, con la educación que es “obligatoria y gratuita”). Pero encima, el estado sí da contenido a la propia educación y así señala que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales“. Y al hacer esto, fijar el objetivo último de la educación, da por sentenciado que por encima de la libertad de los padres está la obligación del estado. O dicho en ejemplo: que si unos padres quisieran educar a su hijo fuera del respeto a la democracia el estado tiene potestad para impedirlo. Por tanto, constitucionalmente es falso lo que proclama la derecha.
Pero, no queremos caer en el error que ya hemos criticado sobre el debate del estatuto y limitar nuestro enfrentamiento a aspectos legales. Queremos ir a la política, a la moral social, para buscar demostrar que la derecha una vez más lo único que pretende defender aquí no es sino algo reprobable moralmente. ¿Qué buscan los manifestantes del día 12? Poder elegir centro. Es decir, tener libertad de elección de centro. Pero, ¿debe el estado dar ese derecho? La respuesta es tajante: no. La finalidad del estado no es defender el privilegio de la clase media de no mezclarse socialmente sino precisamente la contraria. Una sociedad democrática, y el estado es su garante, es la no discriminación y, paradójicamente, la elección de centro no es sino la discriminación del los alumnos socialmente desfavorecidos. Porque serán las clases medias las que busquen los colegios concertados y, al tiempo, estos buscarán a aquellas. Así, la elección de centro no es sino la defensa de la muralla social que se está abriendo entre las nuevas clases sociales desfavorecidas, los hijos de las personas sin estudios y los emigrantes, y la clase media y alta. Si hay un elemento, entre otros pero no menos importante, que marca la futura trayectoria escolar de los alumnos es la expectativa social de éstos que, fundamentalmente, procede de las familias. Sin embargo, el hecho de juntar a las mismas familias de entornos sociales desfavorecidos solo garantiza la continuidad de la discriminación social frente al proceso que podía ocurrir al mezclar a niños con expectativas sociales claras con niños de ambientes desfavorecidos y guiados, por supuesto, con un personal profesional en su labor (y no lo que ahora hay, en su mayoría, en la escuela pública). Y esta discriminación primera, precisamente, es lo que piden los padres al hablar de derecho a elegir centro. Por tanto, el estado debe actuar como garante último, del mismo modo que lo hace con la propiedad coartando la libertad de expoliarla con el aplauso de la derecha, de la educación como formación del ciudadano y no como privilegio del individuo.
Pero, siguiente punto, ¿tienen por tanto los centros concertados el derecho a existir? Pues la respuesta inmediata, y coincide con la verdadera, es no. Si la educación es un asunto de estado, como no se cansan de repetir los políticos de diverso signo, no se entiende que aquel lo deje, en clara dejación de funciones, a la empresa privada. Si la educación es tan importante no puede ser negocio (y la concertada lo es, y si no que le pregunten a su trabajadores sobreexplotados por cooperativas progres u órdenes religiosas de corte evangélico). Los colegios concertados deberían ser todos de titularidad pública y asumir, por el estado, sus plantillas pues su labor es demasiado importante para confundirla con el ilícito deseo, y ponemos ilícito pues somos de izquierdas, de hacer negocio con las personas.
¿Y la religión? Pues sencillo. El estado democrático no debe sustentar la superstición, aquellas creencias que, sin base racional alguna, no hace sino esclavizar a los hombres. La religión no podrá ser prohibida, en aras a una libertad de conciencia que ella misma no reconoce -pues iremos al infierno quienes neguemos a Dios, por ejemplo- pero lógicamente no deberá ser asumida como materia educativa por un estado democrático. Porque además se podría llegar a la idea de que si es así, ¿dónde se para? ¿Y la creencia en extraterrestre? ¿Y el animismo? No se trata por tanto de que no haya religiones más avanzadas intelectualmente que otras, que la hay, sino que la religión en sí misma no es más que superstición sofisticada (lo cual, visto lo que hay, tampoco es poco). Y el estado, que debe educar para la libertad, no pude adoctrinar en las creencias cuya base no son la razón sino la fe. Por eso, la religión debe estar fuera de la escuela, del mismo modo que lo debe estar cualquier creencia no basada en la racionalidad. Así, ante las presiones de la Iglesia no cabe la negociación ni el irse corriendo al Vaticano, no sabemos si para pedir perdón, sino la explicación racional: este es un estado democrático.
Pero, lo peor de todo, es que en realidad la LOE no es sino un texto de derechas (en cuanto a que tiende a preservar el status quo). Nada cambia en realidad con la ley pensada por este gobierno sin ideal (más allá del amor a la paz y todas esas cursis peroratas de su presidente) que lo único que hace es mantener el privilegio permanente de un funcionariado autosatisfecho, por una parte, y unas familias de clase media que no desean que su hijo se ensucie con los desheredados. O dicho de otro modo: una ley que en realidad, y lo verán ustedes, satisface a una sociedad de derechas.