LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Que nadie se equivoque: el presente escrito no es, desde luego, en defensa de la COPE. La radio propiedad de la Conferencia Episcopal es un ejemplo, otro ejemplo, de la información mezclada con la opinión, de los tertulianos estúpidos que lo saben todo y opinan sobre cualquier cosa sin medida y de los intereses partidistas y económicos de ciertas bandas. Por lo tanto, no la defendemos.
Pero el presente artículo sí es en defensa de la libertad de expresión. Y por ello, el presente artículo es, también, una crítica ante el informe que el Consejo Audovisual de Cataluña (CAC) ha presentado sobre la propia cadena COPE.
En primer lugar, no se entiende que exista algo así como el CAC. La mera idea de que un organismo dependiente de los grupos parlamentarios sirva para juzgar, no sólo analizar, los contenidos de los distintos medios de comunicación llama al escándelo. Los políticos, que no lo olvidemos en bien de la democracia son un grupo social con intereses propios y no solo representantes de la soberanía popular, no es que no puedan juzgar los contenidos de los medios de comunicación, que pueden como cualquier otro ciudadano, sino que no pueden generar desde su posición de privilegio una institución con carácter público para ello y, encima, con capacidad sancionadora. Y esto por una simple razón: los ciudadanos somos soberanos en cuanto a lo que queramos escuchar. O dicho de otro modo: los políticos no son quién para marcar lo que es admisible propagar públicamente. Sólo lo es, a posteriori, un juez.
En segundo lugar, darle ese poder a los políticos es peligroso. Es ingenuo pensar que los políticos, los jueces, o los gobiernos no tienen intereses en cuanto grupo social. Y por ello, con buen criterio, se estableció la división de poderes. Y esta afecta, de forma clara, a los derechos fundamentales. Así, en democracia, los políticos no juzgan ni castigan pues si lo pudieran hacer lo harían de acuerdo a sus intereses ya que a su vez pueden hacer las leyes. Por eso, se da la diferencia entre quienes hacen las leyes y quienes las hacen cumplir. Y, por eso, la libertad de expresión es un derecho que solo cesa ante resolución judicial y nunca por mera opinión sino por falsedad de lo dicho.
En tercer lugar, el derecho a la libertad de expresión sólo debe ser coartado a posteriori. La censura previa implica la idea de que ya no se censura la forma sino la idea y eso es muy peligroso. Porque se confunde el derecho con el deber. El derecho a la libertad de expresión es una garantía legal que el estado debe determinar para garantizar la democracia. El deber de escoger una información veraz es algo individual. La clase política no es tutora espiritual de la ciudadanía pues sino el derecho a voto sería un contrasentido ya que reconocería la minoría de edad para escuchar opiniones pero no para decidir el gobiern.
Y, en cuarto lugar, y tal vez lo más grave, esto es sólo el principio (si las cosas no cambian y no parecen que vayan a cambiar). En ese nefasto estatuto catalán de la autodenominada izquierda más nacionalistas se lee en el preámbulo que los derechos se ejercen conjuntamente con la responsabilidad individual y el deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo. Es decir: quien no esté de acuerdo está fuera y se abre la puerta para que pierda sus derechos. De esta forma el derecho ya no es universal e inalienable sino discrecional de acuerdo al “proyecto colectivo” ¿Y quién decide el proyecto colectivo? Rápidamente lo hemos descubierto: la clase política.
Repetimos. No se trata de la COPE (pero también). Lo que está aquí en juego es la libertad de expresión -y fundamentalmente, no lo olvidemos, Internet- frente a aquellos que han decidido acabar con ella. Porque para ellos la libertad de expresión es oír lo que les gusta. Para nosotros sin embargo, gente rara, la libertad de expresión debe ser oír lo que no nos gusta escuchar y que tal vez, aunque con la COPE casi seguro que no, nos pueda demostrar que no estamos en lo cierto. Y por eso la defendemos.