¿RESPETAR LAS SENTENCIAS JUDICIALES?

Ha habido tres recientes decisiones judiciales, es que yo con el lenguaje jurídico me pierdo bastante, que han levantado polémica. Recordémoslas: la decisión de la Audiencia de que el asesino De Juana continuará en prisión, la decisión del Constitucional de que uno de sus magistrados no pudiera juzgar sobre el estatuto de Cataluña y, por último, la reciente sentencia del Supremo reduciendo la pena del etarra, es para no poner otra vez asesino: cuestión de estilo, De Juana. Ante ellas, y lógicamente, la gente ha expresado su opinión. Y muchas voces se han oído diciendo que se deben respetar las sentencias judiciales. Eso está bien. También se debe respetar que la gente se tatúe e incluso se agujeree el cuerpo para ponerse aritos: aunque sea una estupidez. Y es que el problema surge cuando respetar las sentencias judiciales implica, nadie sabe por qué, no poder criticarlas.
¿Qué obliga la democracia sobre la división de poderes? Solo una cosa, respetar esa división de, precisamente, poderes. Es decir: la democracia exige que los poderes no puedan interferir unos sobres otros fuera del cauce legal para ello, pero no, pues por eso es democracia, exime de la crítica a ningún poder. O diciéndolo más crudamente: si yo puedo decir, pongamos por caso, que Zapatero es un simple no se entiende bien por qué motivo no podré decir lo mismo de un juez o de la conclusión de un juez que es su sentencia: este tío, o en plural, es un simple. En democracia estaré obligado a cumplir la ley emanada del parlamento, a obedecer el poder ejecutivo de un gobierno o a acatar la sentencia de un tribunal. Pero nunca, pues la democracia es eso precisamente, a estar de acuerdo con ninguna de las tres cosas y acallar, por consiguiente, mis críticas. Al fin y al cabo, la propia democracia exige el acatamiento de la división de poderes pero no el acuerdo sobre el mismo. Incluso se puede no ser demócrata y decirlo: esa es su grandeza.
Y cuando los jueces llorones, pero generosamente pagados, exponen que existe una presión social sobre su labor habría que aclararles, si es que en su facultad ya no lo hicieron o tal vez les falten lecturas, que eso va en su sueldo: a aguantarse. Porque precisamente es muy positivo que las sentencias judiciales no sean recibidas con silencio sino con debate. Y además, confiamos que esos mismos jueces, como personas adultas que son y hasta con una carrera universitaria, sepan cumplir sus funciones, generosamente retribuidas, dejando a un lado dicha presión. Del mismo modo, por ejemplo, que uno que es profesor sufre la presión de un alumno o su entorno para que le apruebe pero, va también en el sueldo, no hace ni caso.
Así, respetar las sentencias implica criticarlas, esto es: expresar nuestra opinión sobre ellas. Y es síntoma de una vigorosa democracia poder discutir sobre todo, incluidas las acciones políticas o judiciales. Pero, sin embargo como añadiría alguien, hay un límite. Y curiosamente hoy el Parlamento lo ha traspasado gracias a IU. Porque al pedir IU la destitución del Defensor del Pueblo por presentar recurso ante el Estatuto de Cataluña ya no está expresando una opinión sino intentando eliminar un poder independiente porque no ha cumplido la obediencia esclava de otro poder. ¿Cuál es el límite entonces? El límite es, claramente, cuando un poder intenta eliminar al otro. Y eso es lo que intenta IU: acallar un poder ajeno al Parlamento, el Defensor del Pueblo, porque está en contra de una ley votada, por cierto una ley de derechas absolutamente, por ese mismo parlamento.
Añoranza cubana, democracia auténtica ya saben al lado del mojito y la prostituta , seguramente la de IU.