DESPIDO (aún más) LIBRE

Las palabras mienten. También dicen la verdad. Acompañar a unas palabras de otras es por eso un ejercicio no solo literario sino también, y siempre, moral: se busca decir algo más con ellas que la mera descripción. Las palabras tienen así un aire de conjuro que buscan reducir la realidad a sus límites. Y a veces, falsificarla.

Los empresarios españoles se han lanzado, con la complicidad de los medios de la derecha, a una batalla antigua: la consecución del despido gratuito. Sin embargo, ellos le llaman despido libre lo cual es, sin duda, la primera falacia. Y lo es porque en España el despido es libre, es decir: se puede despedir a cualquier trabajador, salvo cuando se violan sus derechos fundamentales y se cae, tras sentencia judicial, en despido nulo. Y la prueba fehaciente de que esto es así, es decir de que hay despido libre, es la larga lista del paro que se incrementa mes a mes a pesar, en la versión empresarial, de la enormes dificultades que sufren para despedir a alguien muy, siempre muy, a su pesar.

Así, y oyendo el monotema empresarial, nos encontramos ante un dilema: ¿es la causa de la crisis económica española y el incremento del paro la actual legislación sobre el mercado laboral? ¿Es la solución a dicho paro el poder echar a alguien de su trabajo de forma gratuita –a partir de ahora llamaremos así a lo que en su lenguaje se llama flexibilización de las condiciones del mercado de trabajo-? Es decir, ¿tienen razón los empresarios cuando señalan que la causa de las destrucción de empleo en este país es el rígido mercado laboral y que con él resulta imposible volver a crear empleo?

Vayamos por partes analizando, sosegadamente como nunca se quiere que se haga, todos los elementos.

¿Es la causa de la crisis española el mercado laboral? Veamos. Si bien ya hemos analizado aquí la crisis, es bueno recordar algo. La causa principal de la crisis no es industrial sino financiera. Esto se deriva al crédito, de una forma lógica, y afecta especialmente a aquellos sectores que viven básicamente de él. La economía española tiene dos sectores fundamentales: construcción y turismo. A ello cabría añadir, si acaso, el sector del automovil. Es decir: tres sectores que en la producción y consumo o en el consumo viven del crédito de una forma fundamental. Y este tejido industrial español, tan dependiente de lo financiero y en particular del crédito, es así por dos motivos. El primero, que la dictadura franquista generó un tejido industrial ridículo y una economía tercermundista durante los años, precisamente básicos, que tuvo para asentar una base económica industrial con condiciones; la segunda es que, acontecido lo anterior y a partir especialmente de los años 90, la clase empresarial española y la clase política decidieron un acuerdo implícito en el cual la gran locomotora económica del país iba a ser la construcción porque conseguía una acelerada reducción del paro, grandes y rápidos beneficios para los empresarios y extraordinarias plusvalías que permitían llenar las arcas administrativas mientras, para el mercado electoral y es que todo es un mercado, se prometía una reducción de impuestos. Es decir, la estructura económica española es cierto que es fruto de una condición objetiva -el retraso por la dictadura franquista- pero a su vez se generó porque beneficiaba a dos colectivos sociales determinados: empresarios y clase política. De esta forma, los únicos que nada tenían que ver con ese tejido industrial que se fabricaba como castillo de naipes sin base sólida eran los trabajadores que se incorparaban a él o a otros mercados, como las hortalizas, laborales. Y de hecho tan poco tenían que ver los asalariados españoles con esta conformación económica nacional que -oh sorpresa- no sacaban beneficio alguno del mismo excepto un puesto de trabajo pues su poder adquisitivo caía cada año independientemente del partido que gobernara. Incluso es más, el ahora inflexible mercado laboral español, de nuevo con la complicidad de la clase política y la empresarial, permitió, y permite, la tasa de temporalidad más alta de la OCDE, tasa bajo la cual los empresarios españoles estuvieron contratando mucho tiempo sin que en ellos surgiera la inquietud por las condiciones de trabajo de precisamente esos empleados a los que podían despedir -se llama no renovar su empleo- y además presionar para que no reivindicaran sus derechos laborales precisamente por su precariedad laboral -sí ya sé que eso nunca ocurre en el mundo laboral español-. Es decir, el mercado laboral español -o sea: la venta diaria de cada persona bajo ciertas condiciones legislativas- resultó perfecto mientras produjo beneficio, que indudablemente iba destinado a un mundo mejor y más justo, pero de pronto y ante la situación de crisis sobrevenida por otro factor es el gran chivo expiatorio. Y en vez de reconocer que la causa del actual desbordamiento del paro en España es debida a lo anteriormente expuesto y que no fue creado sino por las élites sociales y benefició fundamentalmente a las mismas y a sus intereses siendo ellos responsables, se presenta a los más débiles, los asalariados, como los malos y protegidos excesivamente. Mientras el estado mima a la banca.

Pero ahora bien, resultaría que el actual enfrentamiento entre empresarios pidiendo el despido gratuito -recuerden: ellos lo llaman libre- y la clase política -que o bien, en el caso del PP y la dereha, ni lo apoya explícitamente ahora ni lo concedió cuando gobernó o bien, en la autoproclamada izquierda, ya se ha negado- iría contra nuestra tesis anterior de la alianza de estas élites. Sin embargo, no es así. Pues el problema aquí estaría en que ambas élites ahora se enfrentan en la asunción del gasto social, económico y político de la misma crisis. Es una pelea entre sectores privilegiados precisamente para mantener sus extraordinarios beneficios anteriores pues ninguno quiere cederlos a pesar del cambio de situación. Los empresarios saben que con el despido gratuito para ellos todo serían ganancias: económicas, en cuanto que les ahorraría dinero; sociales, pues en un país con una bajísima afiliación sindical, cosa que no extraña por cierto, el despido gratuito implicaría la automática sumisión del empleado; y político, pues quedaría constituido el sector empresarial como el principal actor social. Sin embargo, la élite política piensa que sólo encontraría pérdidas: económicas, pues implicaría tener que aumentar el gasto social que actualmente está muy por debajo de la media de la UE -27% frente al 20% español-; sociales, pues los sindicatos, incluso la UGT fíjense, tendrían que movilizarse contra la clase política y se generaría además una respuesta social espontánea aún más peligrosa por sus imprevisibles consecuencias; y política, pues habría que asumir electoralmente la subida significativa de impuestos directos para aumentar ese mayor gasto social o bien aguantar la movilización social. Así, las dos élites ahora sí están enfrentadas pero no en pro de la economía del país, que al fin y al cabo consideran su cortijo, sino por sus propios intereses como tales élites –que por supuesto son independientes socialmente a la propia creencia individual de cada sujeto perteneciente a ellas-. Y o bien encuentran una solución de compromiso que les permita a ambas mantener su privilegio o bien entrarían, obsérvese la astucia de empleo del tiempo verbal, en colisión.

Pagar el coche es duro. Pagar un coche de lujo, sin duda, requiere más esfuerzo. Si se puede conseguir que ese esfuerzo lo hagan otros la cosa saldrá satisfactoriamente. No se trata, sin embargo, de una maldad personal, algo así como que los empresarios o los políticos sean malas personas pues imaginamos que habrá de todo, sino que como forma social su interés es opuesto al interés de los asalariados. Tampoco se trata, no vayan a creer, de la lucha de clases pues no existe en la actual estructura capitalista intereses sociales que trasciendan las actuales condicones de vida. Se trata, de forma más simple, de grupos sociales con intereses distintos y que buscan su propio beneficio: empresariado, clase política y asalariados. Pero el problema surge de que en el juego de alianzas inherente a esa situación unos siempre ganan, pues tienen más fuerza, y otros pierden. Y ya el BBVA ha conciliado la postura de los dos grupos más fuertes: bajar las cotizaciones sociales al empresario –¡yupi!- y subir el IVA, el impuesto indirecto por excelencia, para beneficiar a la clase política –¡que guay!-. El perjudicado queda claro.

Ya se están poniendo de acuerdo. Es un alivio.