Con la reciente crisis económica se habla mucho de gasto público. Unos, para criticarlo sin matices y estableciendo que todo gasto público, menos generalmente sus propios sueldos en la administración pública, son un escándalo; y, otros, para defenderlo sin matices y tirar de él a la mínima como garante de la cohesión social y todas esas cosas, pero en realidad sólo para defender sus bastardos intereses y su permanencia en el poder. Precisamente, el presente texto, que será un ladrillo plagado de argumentos de esos que ya no hay que leer nunca porque todos tenemos todo muy claro, trata de reflexionar sobre la diferencia entre gasto público legítimo y gasto público ilegítimo y de cómo al no establecerse esta diferencia se está haciendo un juego a la derecha política, el PP entre otros, y a la derecha sociológica, el PSOE y la autoproclamada izquierda.
Empecemos definiendo. Podemos entender gasto público como aquel que realiza la administración pública en lo que sea. Este gasto público no implica siempre déficit público pues únicamente se puede hablar de déficit público cuando las administraciones públicas, y no necesariamente sólo el estado, gastan más de los que recaudan. Pero incluso, entonces, hay que hacer unas salvedades que se pueden considerar básicas y aquí sí cualitativas. Estas salvedades son que claramente, y por tanto, cuando hay gasto público por encima de los ingresos todo es déficit público, pero que no todo es necesariamente malo, como clama la derecha, y pero que no todo es necesariamente bueno, como clama la autoproclamada izquierda. Hay que pensar fuera de las consignas.
La derecha, desde una concepción falsamente liberal, clama contra el gasto público. Su deseo por tanto debería ser la eliminación del estado o al menos llegar a un estado mínimo. No obstante, y como ya hemos analizado en su más preclaro ejemplo que es Esperanza Aguirre, no es esta la idea de la curiosa corriente liberal española sino la creación de un estado contratista que da servicios sociales pero a través de una cadena de empresas privadas subarrendadas para ello, por ejemplo la Iglesia en educación, consiguiendo así un lobby de apoyo al partido gobernante. De esta forma, la derecha española ejerce el gasto público de forma notoria pero, como la autoproclamada izquierda, para la compra de voluntades y apoyos para su poder. Y sólo clama contra el gasto público cuando este se convierte en gasto social -es decir, en la mentalidad de la derecha- cuando el estado lo ejerce directamente a través de unas redes propias y no de los lobbys interesados y se usa además como principio compensador.
Pero entonces ya piensan que, sin duda, deberíamos estar de acuerdo con esas grandilocuentes ideas de Zapatero, mientras mira al infinito demostrando tener su mirada ida, sobre la salida de la crisis como salida social –y es que le quedó tan bien, cómo decirlo,… tan de izquierdas!-. Nada más lejos de la realidad porque nada más lejos está Zapatero de esas mismas ideas. Zapatero -de quien también hemos analizado aquí su idea de estado ha hecho suya la bandera del gasto público. Pero siempre detrás de sus palabras existe la falacia de que gasto público es igual a gasto social. Precisamente desenmascarar esta falacia hubiera sido una tarea de esa misma izquierda política pero ésta anda demasiado ocupada hablando aún de la Iglesia -cuya única importancia social es precisamente para los políticos profesionales porque uno no conoce a nadie que siga sus dictados (¿y usted?)- y por tanto deberemos hacerla aquellos que estamos en nuestra torre de marfil de intelectuales y, ni tan siquiera, cobramos por ello un suculento sueldo.
Analicemos. El gasto social público en España es de un 21% mientras que en Europa es de media el 27%. Así, sorprende cuando menos ese aire socialdemócrata que quiere ahora sacar Zapatero cuando en su gobierno no se ha mejorado para nada ese porcentaje estando sin embargo, y según él mismo, en la champion league nuestra economía. Por tanto, cuando Zapatero habla de logros sociales se refiere a los logros estructurales conseguidos por los gobiernos de Suárez, en cuanto que inició la universalización de los servicios sociales en España, y González, en cuanto que la desarrolló y fundamentó, pues ni Aznar ni él han generado grandes cambios en ese sentido excepto maniobras ideológicas no acompañadas de subidas reales del gasto social -aunque sí del público-. De esta forma, Zapatero es políticamente un conservador y no el muchacho bienintencionado y progresista que se nos quiere presentar. Y además, y aquí viene un tema fundamental, es un peligro para la propia permanencia de ese escueto gasto social por su propia falacia.
Efectivamente, el gasto público como vemos no es necesariamente social y además no lo es de hecho con el gobierno conservador que tenemos. Este está dispuesto a aumentar el déficit sólo en aquellas partidas que implican mantenerse en el poder pero no en aquello que implicaría un aumento del gasto social en la extensión de derechos. Así, desde los famosos 400 euros hasta la bilateralidad con la oligarquía catalana, y se acerca con cualquier otra oligarquía regional, la primacía del gasto público estatal no es el servicio al ciudadano sino la compra de voluntades políticas que implican mantenerse en el poder como sea. Por ello, el gobierno ya ha asegurado que no aumentará ningún tipo de prestación social pero, al tiempo, no pone tope alguno a la avaricia de los reinos de taifa -aquí hay que leer autonomías- o bien promete eliminar la publicidad de TVE manteniendo su presupuesto para beneficiar a los mass media privados: unas veces el gasto público es rígido, otras es flexible. De esta forma, todo el gobierno, habiendo renunciado ya a cualquier tipo de acción contra la crisis y de ahí su marcado carácter de mercaderes -léase ahora perfil político-, ha decidido utilizar los fondos del estado con la finalidad exclusiva de la permanencia en el poder: hay que resistir. Pero con el dinero de otros.
E incluso habrá algo más. El gobierno sabe que el déficit público que está generando, y que no es por el gasto social, es inasumible e inhabilita las cuentas públicas en algunos años. Pero, y aquí va la predicción científica, tiene un plan con una doble previsión. Si la crisis acaba antes de su legislatura, primera posibilidad, señalará que el futuro hipotecado fue por el esfuerzo social y solidario de antaño y bla y bla –pongan a los creadores culturales aquí haciendo algún vídeo-, con lo que hará una política restrictiva con una fuerte carga ideológica, tal vez un ministerio de vegetarianismo, que permita recuperar el déficit al menos en parte. Sin embargo, algo más probable, si la crisis subsiste y es plausible perder el poder por ella, cercano a las elecciones el gobierno comenzará a lanzar el globo sonda de un alargamiento solidario del subsidio de desempleo que la derecha nunca podría asumir, ni nadie en realidad tras esquilmar las arcas públicas, y presentarse por tanto Zapatero como un buen izquierdista. Prometió el pleno empleo y negó la crisis, al tiempo que la autoproclamada izquierda se postulaba para ministro, y ahora no tendría tapujos en prometer un subsidio más largo.
Así, el gasto público español es excesivo e ineficaz y provoca un déficit público no por el gasto social, ridículo y vergonzoso en cuanto a nuestro nivel económico, sino porque se utiliza para ejercitar el caciquismo y el control político. Pero resulta que ese control político es la finalidad última de un gobierno. Y resulta también que ese gasto público beneficia a una clase política, independiente a su ideología pero dependiente a su condición objetiva social, que lo usa a su antojo para mantenerse en el poder. Y resulta también, y van tres pero la redundancia aumenta el efecto dramático sin duda, que ese gasto público beneficia a grupos empresariales determinados a través de subvenciones o recortes a lo público. Y así, la falacia de unión entre gasto público y gasto social es perfecta pues permite cuando la cosa va bien aumentarlo –pero no el social- y cuando va mal recortarlo –y ahora sí el social-.
Es en definitiva un sistema por el que todos están contentos. ¿Todos? Sí, porque ese todos incluye exclusivamente a los que cuentan.
Empecemos definiendo. Podemos entender gasto público como aquel que realiza la administración pública en lo que sea. Este gasto público no implica siempre déficit público pues únicamente se puede hablar de déficit público cuando las administraciones públicas, y no necesariamente sólo el estado, gastan más de los que recaudan. Pero incluso, entonces, hay que hacer unas salvedades que se pueden considerar básicas y aquí sí cualitativas. Estas salvedades son que claramente, y por tanto, cuando hay gasto público por encima de los ingresos todo es déficit público, pero que no todo es necesariamente malo, como clama la derecha, y pero que no todo es necesariamente bueno, como clama la autoproclamada izquierda. Hay que pensar fuera de las consignas.
La derecha, desde una concepción falsamente liberal, clama contra el gasto público. Su deseo por tanto debería ser la eliminación del estado o al menos llegar a un estado mínimo. No obstante, y como ya hemos analizado en su más preclaro ejemplo que es Esperanza Aguirre, no es esta la idea de la curiosa corriente liberal española sino la creación de un estado contratista que da servicios sociales pero a través de una cadena de empresas privadas subarrendadas para ello, por ejemplo la Iglesia en educación, consiguiendo así un lobby de apoyo al partido gobernante. De esta forma, la derecha española ejerce el gasto público de forma notoria pero, como la autoproclamada izquierda, para la compra de voluntades y apoyos para su poder. Y sólo clama contra el gasto público cuando este se convierte en gasto social -es decir, en la mentalidad de la derecha- cuando el estado lo ejerce directamente a través de unas redes propias y no de los lobbys interesados y se usa además como principio compensador.
Pero entonces ya piensan que, sin duda, deberíamos estar de acuerdo con esas grandilocuentes ideas de Zapatero, mientras mira al infinito demostrando tener su mirada ida, sobre la salida de la crisis como salida social –y es que le quedó tan bien, cómo decirlo,… tan de izquierdas!-. Nada más lejos de la realidad porque nada más lejos está Zapatero de esas mismas ideas. Zapatero -de quien también hemos analizado aquí su idea de estado ha hecho suya la bandera del gasto público. Pero siempre detrás de sus palabras existe la falacia de que gasto público es igual a gasto social. Precisamente desenmascarar esta falacia hubiera sido una tarea de esa misma izquierda política pero ésta anda demasiado ocupada hablando aún de la Iglesia -cuya única importancia social es precisamente para los políticos profesionales porque uno no conoce a nadie que siga sus dictados (¿y usted?)- y por tanto deberemos hacerla aquellos que estamos en nuestra torre de marfil de intelectuales y, ni tan siquiera, cobramos por ello un suculento sueldo.
Analicemos. El gasto social público en España es de un 21% mientras que en Europa es de media el 27%. Así, sorprende cuando menos ese aire socialdemócrata que quiere ahora sacar Zapatero cuando en su gobierno no se ha mejorado para nada ese porcentaje estando sin embargo, y según él mismo, en la champion league nuestra economía. Por tanto, cuando Zapatero habla de logros sociales se refiere a los logros estructurales conseguidos por los gobiernos de Suárez, en cuanto que inició la universalización de los servicios sociales en España, y González, en cuanto que la desarrolló y fundamentó, pues ni Aznar ni él han generado grandes cambios en ese sentido excepto maniobras ideológicas no acompañadas de subidas reales del gasto social -aunque sí del público-. De esta forma, Zapatero es políticamente un conservador y no el muchacho bienintencionado y progresista que se nos quiere presentar. Y además, y aquí viene un tema fundamental, es un peligro para la propia permanencia de ese escueto gasto social por su propia falacia.
Efectivamente, el gasto público como vemos no es necesariamente social y además no lo es de hecho con el gobierno conservador que tenemos. Este está dispuesto a aumentar el déficit sólo en aquellas partidas que implican mantenerse en el poder pero no en aquello que implicaría un aumento del gasto social en la extensión de derechos. Así, desde los famosos 400 euros hasta la bilateralidad con la oligarquía catalana, y se acerca con cualquier otra oligarquía regional, la primacía del gasto público estatal no es el servicio al ciudadano sino la compra de voluntades políticas que implican mantenerse en el poder como sea. Por ello, el gobierno ya ha asegurado que no aumentará ningún tipo de prestación social pero, al tiempo, no pone tope alguno a la avaricia de los reinos de taifa -aquí hay que leer autonomías- o bien promete eliminar la publicidad de TVE manteniendo su presupuesto para beneficiar a los mass media privados: unas veces el gasto público es rígido, otras es flexible. De esta forma, todo el gobierno, habiendo renunciado ya a cualquier tipo de acción contra la crisis y de ahí su marcado carácter de mercaderes -léase ahora perfil político-, ha decidido utilizar los fondos del estado con la finalidad exclusiva de la permanencia en el poder: hay que resistir. Pero con el dinero de otros.
E incluso habrá algo más. El gobierno sabe que el déficit público que está generando, y que no es por el gasto social, es inasumible e inhabilita las cuentas públicas en algunos años. Pero, y aquí va la predicción científica, tiene un plan con una doble previsión. Si la crisis acaba antes de su legislatura, primera posibilidad, señalará que el futuro hipotecado fue por el esfuerzo social y solidario de antaño y bla y bla –pongan a los creadores culturales aquí haciendo algún vídeo-, con lo que hará una política restrictiva con una fuerte carga ideológica, tal vez un ministerio de vegetarianismo, que permita recuperar el déficit al menos en parte. Sin embargo, algo más probable, si la crisis subsiste y es plausible perder el poder por ella, cercano a las elecciones el gobierno comenzará a lanzar el globo sonda de un alargamiento solidario del subsidio de desempleo que la derecha nunca podría asumir, ni nadie en realidad tras esquilmar las arcas públicas, y presentarse por tanto Zapatero como un buen izquierdista. Prometió el pleno empleo y negó la crisis, al tiempo que la autoproclamada izquierda se postulaba para ministro, y ahora no tendría tapujos en prometer un subsidio más largo.
Así, el gasto público español es excesivo e ineficaz y provoca un déficit público no por el gasto social, ridículo y vergonzoso en cuanto a nuestro nivel económico, sino porque se utiliza para ejercitar el caciquismo y el control político. Pero resulta que ese control político es la finalidad última de un gobierno. Y resulta también que ese gasto público beneficia a una clase política, independiente a su ideología pero dependiente a su condición objetiva social, que lo usa a su antojo para mantenerse en el poder. Y resulta también, y van tres pero la redundancia aumenta el efecto dramático sin duda, que ese gasto público beneficia a grupos empresariales determinados a través de subvenciones o recortes a lo público. Y así, la falacia de unión entre gasto público y gasto social es perfecta pues permite cuando la cosa va bien aumentarlo –pero no el social- y cuando va mal recortarlo –y ahora sí el social-.
Es en definitiva un sistema por el que todos están contentos. ¿Todos? Sí, porque ese todos incluye exclusivamente a los que cuentan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario