IMPUESTOS/1

El gobierno de presunta izquierda, ahora que por fin la mayoría se ha dado cuenta de que Zapatero es solo presunción progresista, ha decidido subir los impuestos. Como principio, para ser científicos, deberíamos admitir algo sin apriorismos: subir o bajar impuestos no es bueno o malo de por sí. Lo que se debe analizar es si la subida es justa y consecuente o bien injusta e incoherente. Es decir, lo que se debe plantear es para qué y por qué hay que subir o bajar impuestos. Incluso es más, lo que se debe plantear es si debe haber o no impuestos y qué consecuencias se derivan de ello.

Suena raro la pregunta. ¿Qué si debe haber impuestos? Sin embargo, creemos que la pregunta es pertinente: ¿tiene derecho el estado a quitarme obligatoriamente una parte de mi ganancia o de mi consumo? Porque precisamente los impuestos ni se solicitan, como demagógicamente ha dicho el actual gobierno, ni se piden sino que directamente se quitan. ¿Debe el estado, pues que puede ya está visto, hacer eso? Creemos que ahí está la clave de este embrollo y dependiendo de la contestación a la pregunta la consecuencia será una política fiscal, otra o, también posible, ninguna.

Empecemos a, si me permiten usar una palabra exagerada sin duda, reflexionar. Y reflexionar es, en cierta medida, poner en duda. Y al poner en duda, hay que buscar un fundamento para, aunque sea provisionalmente, construir el edificio de la argumentación. ¿Por qué hay que pagar impuestos? La pregunta también, por supuesto, se podría hacer al revés: ¿por qué no hay que pagar impuesto? La respuesta es larga, así que prepáranse a aburrirse. Porque hay veces que las respuestas mejores no son aquellas directas sino las que precisamente buscan un fundamento que se esconde, tal vez por interés.

En una democracia existen los ciudadanos, eso parece claro. Pero convendría no dar nada por sentado. ¿En qué se diferencian los ciudadanos de los subditos que eran los habitantes de los reinos anteriores a la revolución burguesas? La respuesta es histórica y es social: en la idea de derechos. Efectivamente, un factor fundamental de la revolución francesa, si bien no el único, es la idea de que el ciudadano tiene unos derechos por el hecho de serlo. El siervo, sin embargo, vive de la gracia de su señor que le concede o no prerrogativas. Ello conlleva una muy distinta consideración en la idea de estado. El estado no democrático, donde sus integrantes no son ciudadanos de pleno derecho, puede o no hacer valer ciertas acciones a favor de sus súbditos, pero es una gracia concedida y, por tanto, no pertenece a su propia esencia aunque las gracias concedidas sean muchas. Sin embargo, el estado democrático tiene como uno de sus fundamentos la defensa de esos derechos ciudadanos, no como asistencia caritativa sino como obligación política y moral. Así, el estado democrático solo es tal, es decir: democrático, si resulta efectivo en la defensa de los derechos del ciudadano y por eso la teoría democrática defiende un estado limitado en su poder, por ejemplo con la división de poderes o la libertad ideológica, pues el derecho del ciudadano es preferente sobre el derecho de estado. Y esta diferencia, aparentemente tan abstracta, es clave para los impuestos.

Pero, ¿qué tiene que ver la teoría sobre el estado democratifco –en concreto sobre su deber ser, pues otra cosa es que sea así realmente- y los impuestos y su subida? Pues, consideramos, es la clave de todo este embrollo. Y para solucionarlo cabe hacer una cosa. Primero, analizar brevemente, que se me duermen, la idea de derecha y autoproclamada izquierda sobre el tema. Segundo, ver, en nuestra opinión, por qué el estado puede y debe tener impuestos. Y tercero, analizar ya, desde esa perspectiva, si la subida de Zapatero es justa.

Para la derecha caben dos respuestas sobre el asunto de los impuestos. La liberal auténtica, muy escasa a pesar de todas esas tonterias del pensamiento único y demás, cree en la existencia de un estado mínimo cuya única función es la seguridad. Por supuesto, esto se expone de acuerdo a criterios de libertad individual y falta de coacción pero el hecho de que sea la seguridad pública, y no la educación o la sanidad, el resguardo del estado presenta la idea de una ideología de dominación: el orden público acaba siendo un asunto del mantenimiento del status quo de la oligarquía. Así, el pensamento liberal auténtico, aparentemenete tan amante de la libertad, lo que acaba defendiendo es una dictadura social de facto de la oligarquía económica que busca en el estado su fuente exclusivamente represiva para sus intereses. Pero, no nos engañemos, esta idea es mínima entre la derecha ya que implica, también, un esfuerzo teórico que no se está dispuesta a hacer. Pues la que prima, y Esperanza Aguirre sería un ejemplo, es la de un estado contratista de lobbys. Efectivamente, para la derecha actual los derechos ciudadanos son coartadas de un estado que a través de contratos millonarios –defensa en EEUU, sanidad y educación en España, siempre más provincianos- genera una red de clientelismo político y económico. Por eso, la derecha siempre puede bajar impuestos, especialmente los directos pues los indirectos o los sube o los mantiene, pues las empresas contratadas para cubrir la ausencia de un estado fuerte -en España la Iglesia Católica en educación, por ejemplo- pueden hacer un dumping social en relación a la administración pública haciendo que sus trabajadores cobren menos y trabajen más horas y resulten por ello más rentables. Pero precisamente en esa rentabilidad a costa de sus empleados se demuestra la idea que la derecha tiene de los derechos ciudadanos. Y además, al situar servicios privados subsidiarios, para los que no pueden pagarlos, y servicos privados principales, para aquellos que sí, niega de hecho que los ciudadanos tengan derechos, pues vincula el ejercicio fectivo e igual de los mismos a la producción de una renta determinada, es decir: a poder comprarlos.


¿Y la autoproclamada izquierda? Su idea de impuesos y estado es curiosa, cuando menos. Por una lado, está la idea de los impuestos como una redistribución de la riqueza y por otro, el estado asistencial. Ambas ideas parecerían progresistas, pero, sin embargo, son falsas fundamentalmente por sus consecuencias. La idea de la redistribución de la renta es una idea según la cual los impuestos lo que pretenden es crear una justicia distributiva de acuerdo a un principio de igualdad. Sin embargo, la idea parte de una peligrosa concepción del estado: el estado como Robin Hood justiciero a posteriori. Así, el estado se transforma ya no en un garantizador de derechos, sino en un guardián cargado de una ideología concreta que, sin embargo, no aplica: la redistribución nunca afecta a la política económica estructural previa al impuesto sino a posteriori, sobre la renta ciudadana. De esta forma el estado de izquierdas –uy, de izquierdas- parece no preocuparse de cómo se consigue esa diferencia que luego busca subsanar y es ahí donde se destapa ideológicamente. En realidad, compra el silencio pues el estado deja de intervenir en las relaciones sociales donde tal vez los derechos ciudadanos estén en juego a cambio de su afán recaudatorio. No se trata ya de garantizar, por tanto, los derechos básicos, donde el estado sería subsidiarios frente a ellos, sino de situar al estado como protagonista social pero a posteriori de la acción económica. Por ello, una cosa, la redistribución que nunca se da, lleva aparejada la idea del estado asistencial que consiste en un ente que ya no actúa de acuerdo a derechos de los ciudadanos, sino al libre arbritrio de su buena voluntad. Por eso, este estado, como es la idea de Zapatero y cada vez más creciente entre la izquierda, se acaba convirtiendo en un “papá estado” que cuida de los individuos pero al precio, carísimo, de su conversión en gran hermano. Y aquí se vislumbra el sentido autoritario que del estado tiene la izquierda, pues no es la garantía del respeto a los derechos ciudadanos lo que marca su acción sino la gracia que el propio estado se concede para actuar. Y ello queda claramente reflejado en como la izquierda nunca señala como prioritaria la eficacia de dichos servicios estatales –lo que implicaría a su vez tocar a la casta funcionarial- sino su gratuidad como si la misma no fuera en realidad el pago por adelantado que los propios ciudadanos han hecho para garantizar sus servicios. Así, tanto énfasis en la gratuidad y universalidad señala la idea de una autoproclamada izquierda que considera el servicio público como si fuera una gracia concedida y no un derecho: no os quejéis, es –falsamente- gratis. Y el estado así se aroga el derecho de su concesión sin necesidad de esgrimir a cambio eficacia alguna.

Pero entonces, ¿impuestos para qué? Precisamente lo que decíamos al principio viene ahora a juego. Si los ciudadanos tienen derechos por el hecho de serlos resulta una consecuencia lógica que el estado sea el encargado de llevarlos adelante. Es decir, la función del estado es subsidiaria a los derechos del cludadano y él mismo se haya no como un ente del cual deben emanar estos derechos, sino como un ente cuya función, no tal vez la única pero sí una de las primordiales, sea no sólo la defensa sino el desarrollo efectivo de los mismos. Así, la finalidad de los impuestos es precisamente esta: generar derechos. Efectivamente, un estado democrático debe tener impuesto precisamente en cuanto una de sus funciones esenciales es desarrollar realmente los derechos de los ciudadanos a través de la creación de una serie de recursos que sostengan dicho desarrollo de los derechos. ¿Y por qué la gente debe pagarlos? Porque el mismo hecho de tener derechos de ciudadano lleva aparejado reconocer los derechos del otro por ser a su vez ciudadano y, por tanto, no la tan cacareada y en fondo cristiana solidaridad sino la justicia social. Ser ciudadano no es solo un derecho, es un deber e implica la obligación de garantizar los derechos de los otros. Y una forma de ello, no la única claro está, es pagar impuestos.

Pero, ¿y la subida de Zapatero? Les avisé que se iban a aburrir. Pero no les dije que en dos partes. Perdonen.