En el artículo anterior intentamos precisar nuestra idea de la relación entre el estado y la carga fiscal. Señalábamos allí que la función primordial de un estado era la defensa y desarrollo de los derechos de los ciudadanos e igualmente decíamos que estos derechos eran prioritarios sobre el propio estado y, por tanto, su fundamento moral y no al revés. Así, el estado debía cumplir esta función o dejaría de ser, a todas luces, un estado democrático. Derivando esto vemos como los impuestos son un ejercicio clave para esta situación, pues en ellos el estado se juega su supervivencia económica y poder cumplir su, ideal al menos, función. Y por tanto su acción fiscal nos hará saber si sus dirigentes tienen o no una conciencia democrática de servicio a los derechos o no. Empieza el rollo.
Recientemente, el gobierno Zapatero ha subido de una manera brutal los impuestos. Este artículo, prometido estaba, trata de ello. Pero, comencemos la exploración hacia atrás. Zapatero ha presentado la subida de impuestos como algo necesario para mantener y aumentar, debido a la crisis, la asistencia social en España. Lo interesante de esto es, precisamente, su desenmascaramiento. Y este desenmascaramiento es triple: primero hay que analizar la política fiscal hasta la fecha de la subida; luego, la eficacia de ese estado del que tanto se presume; y, por último la propia subida.
En primer lugar, hay que analizar cuál ha sido la política fiscal del gobierno hasta la fecha en sus dos legislaturas. Esta política ha estado marcada por un hecho común: contentar a dos oligarquías y a un grupo de presión. En España hay tres oligarquías principales: por un lado, la oligarquía financiera; por otro, la clase política profesional; en tercer lugar, que se haya entre medias de una y otra, los grandes grupos de comunicación. Zapatero desde siempre ha tenido buen cuidado con ellos. Los ha mimado pues sabe que ello implica un acomodo en su puesto de poder. Al tercer grupo, los medios de comunicación, lo dejaremos por ahora en cuanto al tema fiscal, por tanto centrémonos en los otros dos. La oligarquía financiera, por supuesto, tributa sin duda en concepto de IRPF y de capital, pero cuenta con un sistema de evasión legal de impuestos: las llamadas SICAV. Tributando al increíble 1%, seguro que dan más al cepillo de la iglesia, las SICAV son el modelo legal de evasión impositiva de la clase alta. Y, sin embargo, el gobierno Zapatero no las ha tocado en toda su legislatura, ni ha salido ni tan siquiera el tema hasta ahora, ni las va a tocar en su reforma. Es decir; la oligarquía financiera mantiene una tributación ridícula frente a la clase media, esa a la que como explicaremos luego Zapatero desprecia, que tributa doblemente por sueldo y ahorro de capital con un mínimo del 18%, pues no participa de las SICAV. Así, la primera oligarquía está salvada antes y ahora.
La oligarquía política es aún más interesante. Nadie, que uno sepa, ha señalado una curiosa coincidencia. Cuando ya hasta Zapatero hablaba de crisis económica sin embargo la oligarquía política periférica, o sea: los políticos autonómicos, aprovechaba para subirse graciosamente los presupuestos, a unos más que a otros eso sí, y lograr así aumentar su cuota de poder. De esta forma, el gobierno se garantizaba el beneplácito de la oligarquía política de los reinos de taifas en que se ha convertido la administración territorial del estado -hasta el ridículo de un PP que clamaba en contra pero no dudaba en coger el dinero y correr luego- con un método simple: comprar su cuota. Hecho este, por cierto, que se repite con el repugnante concierto vasco, igual de repugnante al navarro por cierto, en la actual negociación de los presupuestos donde nadie, excepto UpyD, ha dicho nada en contra. A los caciques de pueblo hay que mantenerles satisfechos, como bien enseñaba la Restauración.
Pero queda un tercer pilar básico que debía ser satisfecho en la política fiscal: eso que se llama la clase popular y que en realidad encubre a determinadas rentas bajas. ¿Cuál ha sido la compra de Zapatero? Es doble: por un lado, los famosos 400 euros y los 2500 de los churumbeles; por otro, toda una parafernalia de declaraciones sobre “ricos” y “poderosos”. Y es esta la parte más triste del artículo pero hay que anotarla. Las clases llamadas bajas no son un colectivo homogéneo. Si situamos el término baja en un mero análisis económico, es decir: sólo en nivel de renta, resultará que entrarían ahí tanto aquellos trabajadores con una larga trayectoria laboral pero con un sueldo miserable, como los parados, que crecen, e igualmente los que tienen un primer empleo escasamente remunerado pero que tal vez no lo necesiten estrictamente para satisfacer necesidades primarias. De todo este conjunto, a Zapatero le interesa sobremanera aquel sector que más precisa de la ayuda, es decir: los trabajadores con amplia tryectoria pero empleo poco cualificado o los parados de larga duración. ¿Por qué? Porque para ellos, las ayudas lineales, que significan más por su escasa renta, generan una idea más allá de la creación, por ejemplo, de servicios públicos. Mientras que una guardería permanece sobre el gobernante y se transforma en derecho, una ayuda económica, como el sobre fuera de nómina en concepto de gratificación con palmadita incluida, va unido irremediablemente al dirigente que la otorga. Es un principio de corte peronista ya usado con el PER y que funciona. Así, la clase subvencionada acaba identificando al sumo dirigente con el, exiguo, subsidio y acaba defendiendo el poder sobre todas las cosas del líder. Sin embargo, las clases con más renta no lo hacen así, pues la ayuda lineal, insuficiente, no es tomada en consideración. De esta forma, las oligarquías, financieras y políticas, y los los lobbys de presión, el granero de votos, no sufrieron los cambios fiscales y tampoco, como veremos, sufriran los cambios impositivos, aunque en el tema de las clases de renta baja eso será solo una apariencia.
Vayamos al segundo pilar, la Administración que se defiende con los impuestos. España es uno de los países de la UE con menos gasto social, algo que no ha cambiado Zapatero. Así, la administración española en cuanto a estado de bienestar es minúscula. Pero además nos podemos preguntar si la administración española es eficaz. Tenemos una educación pública, ya sea básica o superior, ridícula y pésima; un sistema sanitario espantoso; y un sistema judicial que es un desastre. De esta forma, los tres pilares básicos de un estado defensor de los derechos del ciudadano son un auténtico desastre. Así, los impuestos españoles están sobredimensionados de acuerdo a la calidad de servicio recibida, o diciéndolo más claro: la relación calidad/precio es abusiva a favor de la patronal (que es en este caso el estado). Pero, ¿por qué no se arrgla? Porque la autoproclamada izquierda sabe que tocar a los funcionarios implica jaleo sindical, al fin y al cabo los sindicatos son de funcionarios fundamentalmente y ya su única misión es esa, y la derecha ve bien el hundimiento de los servicios públicos y su sustitución por la empresa privada concertada que al fin y al cabo es un lobby que les apoyará. De esta forma, el derecho del ciudadano es lo último que importa y de nuevo la oligarquía, política o empresarial, gana: la administración, directamente pública o subvencionada privada, frente al ciudadano indefenso. Y se repite ideológicamente la vieja y falsa canción: los servicios públicos son gratuitos así que usted se aguanta. Lástima que paguemos desorbitados impuestos por su gratuidad y su pésima gestión.
Y vayamos al último pilar a analizar: la subida de impuestos en sí. Caben dos preguntas ante ello: sobre su necesidad y su justicia. En cuanto a su necesidad, se debe en primer lugar romper la mentira del gobierno: la subida de impuesto se debe a la total bancarrota del estado. Es falso que dicha subida se deba primordialmente a la crisis económica, sino que es producto del despilfarro ya narrado entre graciosas donaciones, impuestos no cobrados y oligarquías autonómicas. Así, la causa de la subida no es externa sino que afecta directamente a la política del gobierno que era imposible de mantener a largo plazo. Pero más interesante aún es preguntarse por qué se suben los impuestos que se suben, indirectos y capital, y no otros, SICAV. Es decir: por qué se perjudica a la clase media y qué tipo de cálculo hay ahí. Y lo que hay es, efectivamente, un cálculo económico acertado para el expolio, un correcto análisis sociológico para el dominio y un viejo prejuicio.
El análisis sociológico guarda relación con el hecho de que las clases medias son las más ideologizadas y, por tanto, aquellas cuya adscripción a derecha o izquierdas, simple pero efectiva para el poder, está más de raíz. Así, Zapatero confía en que pese a todo, y ante el temor de un gobierno del PP, la clase media autoproclamada progresista vuelva a votarle. Porque la baza que se jugará no serán sus resultados sino, otra vez, el temor a que venga la derecha y desmantele el, inexistente realmente, servicio público -del cual por cierto muchos son asalariados agradecidos-. Además, la clase media con más posibilidades de depauperación sentirá, tal y como planea el gobierno, que las medidas sociales no son un derecho sino una concesión de un gobierno concreto por su exquisita sensibilidad social. Así, bien está quitar la limosna de los 400 euros -que volverá merced a IU como caridad cristiana y no justicia social- si a cambio cuando vaya al paro, que irá pues seguirá subiendo- Zapatero me da otra ayuda de algo más de 400 y al mes. Y no importa la justicia o no de esto –es decir: si es un derecho- sino que Zapatero se presenta así como el líder bondadoso que da gracias y no derechos. Lo contrario a un estado democrático.
El cálculo económico es, igualmente, real y astuto. Los impuestos lo pagan los que no pueden evadirlos –y todo lo demás es tontería filantrópica en cuanto a su análisis social-. La propia Salgado reconoció esto cuando aseguró que a las SICAV no se les podían subir los impuestos. Así, las grandes fortunas estarán exentas por siempre, salvo que se ponga un gobierno sin miedo, de pagar impuestos reales pues los medios para la evasión, legales o no, son infinitos. Por eso, de forma realista, sólo cabía subir los impuestos fácilmente adquiribles: consumo y ahorro. Por consiguiente, el gobierno pide un esfuerzo de solidaridad cuando en realidad actúa como el chorizo que atraca al transeúnte a punta de navaja porque no se atreve a atracar el banco a punta de pistola.
Y el viejo prejuicio. Zapatero es uno de los impulsores de la mayor mentira histórica de los últimos tiempos: la memoria histórica. Esta, sin embargo, sería incomprensible sin un viejo prejuicio de la autoproclamada izquierda: la clase media, frente a los trabajadores, es mala. Ese canto a la República como ideal, falso históricamente, tiene una base en esto. Este prejuicio incluso está presente en la propia autodefinición sociológicas de los grupos y así, por ejemplo, los profesores, típicos representantes de clase media, nos referimos a nosotros mismos como profesionales liberales: no lo somos. Se trata, en definitiva, de que si bien económicamente -y de forma falsa en un país que tiene a un 63% de asalariados ganando menos de 1000 euros- todo el mundo se perfila a sí mismo como clase media, las bajas para presumir y las altas para disimular, sin embargo sociológicamente todos se autopresentan como ajenos a la mismas. Y así, en un acto político uno puede exigir un esfuerzo a la amplísima clase media –nota: recuerden lo de los 1000 euros- porque en la opinión pública autodenominada progresista no cala como propio sino como a esos miserables pequeñoburgueses no dispuestos a ser solidarios.
¿Es Zapatero ese tonto que nos quiere presentar la derecha? No. De hecho es seguramente, el mejor político posmoderno que hay actualmente en el planeta. Un miserable moral pero un ejemplo de político. Sin duda.
Y no se quejen, si es que han llegado hasta aquí, ya les avisé de que era un rollo.
Recientemente, el gobierno Zapatero ha subido de una manera brutal los impuestos. Este artículo, prometido estaba, trata de ello. Pero, comencemos la exploración hacia atrás. Zapatero ha presentado la subida de impuestos como algo necesario para mantener y aumentar, debido a la crisis, la asistencia social en España. Lo interesante de esto es, precisamente, su desenmascaramiento. Y este desenmascaramiento es triple: primero hay que analizar la política fiscal hasta la fecha de la subida; luego, la eficacia de ese estado del que tanto se presume; y, por último la propia subida.
En primer lugar, hay que analizar cuál ha sido la política fiscal del gobierno hasta la fecha en sus dos legislaturas. Esta política ha estado marcada por un hecho común: contentar a dos oligarquías y a un grupo de presión. En España hay tres oligarquías principales: por un lado, la oligarquía financiera; por otro, la clase política profesional; en tercer lugar, que se haya entre medias de una y otra, los grandes grupos de comunicación. Zapatero desde siempre ha tenido buen cuidado con ellos. Los ha mimado pues sabe que ello implica un acomodo en su puesto de poder. Al tercer grupo, los medios de comunicación, lo dejaremos por ahora en cuanto al tema fiscal, por tanto centrémonos en los otros dos. La oligarquía financiera, por supuesto, tributa sin duda en concepto de IRPF y de capital, pero cuenta con un sistema de evasión legal de impuestos: las llamadas SICAV. Tributando al increíble 1%, seguro que dan más al cepillo de la iglesia, las SICAV son el modelo legal de evasión impositiva de la clase alta. Y, sin embargo, el gobierno Zapatero no las ha tocado en toda su legislatura, ni ha salido ni tan siquiera el tema hasta ahora, ni las va a tocar en su reforma. Es decir; la oligarquía financiera mantiene una tributación ridícula frente a la clase media, esa a la que como explicaremos luego Zapatero desprecia, que tributa doblemente por sueldo y ahorro de capital con un mínimo del 18%, pues no participa de las SICAV. Así, la primera oligarquía está salvada antes y ahora.
La oligarquía política es aún más interesante. Nadie, que uno sepa, ha señalado una curiosa coincidencia. Cuando ya hasta Zapatero hablaba de crisis económica sin embargo la oligarquía política periférica, o sea: los políticos autonómicos, aprovechaba para subirse graciosamente los presupuestos, a unos más que a otros eso sí, y lograr así aumentar su cuota de poder. De esta forma, el gobierno se garantizaba el beneplácito de la oligarquía política de los reinos de taifas en que se ha convertido la administración territorial del estado -hasta el ridículo de un PP que clamaba en contra pero no dudaba en coger el dinero y correr luego- con un método simple: comprar su cuota. Hecho este, por cierto, que se repite con el repugnante concierto vasco, igual de repugnante al navarro por cierto, en la actual negociación de los presupuestos donde nadie, excepto UpyD, ha dicho nada en contra. A los caciques de pueblo hay que mantenerles satisfechos, como bien enseñaba la Restauración.
Pero queda un tercer pilar básico que debía ser satisfecho en la política fiscal: eso que se llama la clase popular y que en realidad encubre a determinadas rentas bajas. ¿Cuál ha sido la compra de Zapatero? Es doble: por un lado, los famosos 400 euros y los 2500 de los churumbeles; por otro, toda una parafernalia de declaraciones sobre “ricos” y “poderosos”. Y es esta la parte más triste del artículo pero hay que anotarla. Las clases llamadas bajas no son un colectivo homogéneo. Si situamos el término baja en un mero análisis económico, es decir: sólo en nivel de renta, resultará que entrarían ahí tanto aquellos trabajadores con una larga trayectoria laboral pero con un sueldo miserable, como los parados, que crecen, e igualmente los que tienen un primer empleo escasamente remunerado pero que tal vez no lo necesiten estrictamente para satisfacer necesidades primarias. De todo este conjunto, a Zapatero le interesa sobremanera aquel sector que más precisa de la ayuda, es decir: los trabajadores con amplia tryectoria pero empleo poco cualificado o los parados de larga duración. ¿Por qué? Porque para ellos, las ayudas lineales, que significan más por su escasa renta, generan una idea más allá de la creación, por ejemplo, de servicios públicos. Mientras que una guardería permanece sobre el gobernante y se transforma en derecho, una ayuda económica, como el sobre fuera de nómina en concepto de gratificación con palmadita incluida, va unido irremediablemente al dirigente que la otorga. Es un principio de corte peronista ya usado con el PER y que funciona. Así, la clase subvencionada acaba identificando al sumo dirigente con el, exiguo, subsidio y acaba defendiendo el poder sobre todas las cosas del líder. Sin embargo, las clases con más renta no lo hacen así, pues la ayuda lineal, insuficiente, no es tomada en consideración. De esta forma, las oligarquías, financieras y políticas, y los los lobbys de presión, el granero de votos, no sufrieron los cambios fiscales y tampoco, como veremos, sufriran los cambios impositivos, aunque en el tema de las clases de renta baja eso será solo una apariencia.
Vayamos al segundo pilar, la Administración que se defiende con los impuestos. España es uno de los países de la UE con menos gasto social, algo que no ha cambiado Zapatero. Así, la administración española en cuanto a estado de bienestar es minúscula. Pero además nos podemos preguntar si la administración española es eficaz. Tenemos una educación pública, ya sea básica o superior, ridícula y pésima; un sistema sanitario espantoso; y un sistema judicial que es un desastre. De esta forma, los tres pilares básicos de un estado defensor de los derechos del ciudadano son un auténtico desastre. Así, los impuestos españoles están sobredimensionados de acuerdo a la calidad de servicio recibida, o diciéndolo más claro: la relación calidad/precio es abusiva a favor de la patronal (que es en este caso el estado). Pero, ¿por qué no se arrgla? Porque la autoproclamada izquierda sabe que tocar a los funcionarios implica jaleo sindical, al fin y al cabo los sindicatos son de funcionarios fundamentalmente y ya su única misión es esa, y la derecha ve bien el hundimiento de los servicios públicos y su sustitución por la empresa privada concertada que al fin y al cabo es un lobby que les apoyará. De esta forma, el derecho del ciudadano es lo último que importa y de nuevo la oligarquía, política o empresarial, gana: la administración, directamente pública o subvencionada privada, frente al ciudadano indefenso. Y se repite ideológicamente la vieja y falsa canción: los servicios públicos son gratuitos así que usted se aguanta. Lástima que paguemos desorbitados impuestos por su gratuidad y su pésima gestión.
Y vayamos al último pilar a analizar: la subida de impuestos en sí. Caben dos preguntas ante ello: sobre su necesidad y su justicia. En cuanto a su necesidad, se debe en primer lugar romper la mentira del gobierno: la subida de impuesto se debe a la total bancarrota del estado. Es falso que dicha subida se deba primordialmente a la crisis económica, sino que es producto del despilfarro ya narrado entre graciosas donaciones, impuestos no cobrados y oligarquías autonómicas. Así, la causa de la subida no es externa sino que afecta directamente a la política del gobierno que era imposible de mantener a largo plazo. Pero más interesante aún es preguntarse por qué se suben los impuestos que se suben, indirectos y capital, y no otros, SICAV. Es decir: por qué se perjudica a la clase media y qué tipo de cálculo hay ahí. Y lo que hay es, efectivamente, un cálculo económico acertado para el expolio, un correcto análisis sociológico para el dominio y un viejo prejuicio.
El análisis sociológico guarda relación con el hecho de que las clases medias son las más ideologizadas y, por tanto, aquellas cuya adscripción a derecha o izquierdas, simple pero efectiva para el poder, está más de raíz. Así, Zapatero confía en que pese a todo, y ante el temor de un gobierno del PP, la clase media autoproclamada progresista vuelva a votarle. Porque la baza que se jugará no serán sus resultados sino, otra vez, el temor a que venga la derecha y desmantele el, inexistente realmente, servicio público -del cual por cierto muchos son asalariados agradecidos-. Además, la clase media con más posibilidades de depauperación sentirá, tal y como planea el gobierno, que las medidas sociales no son un derecho sino una concesión de un gobierno concreto por su exquisita sensibilidad social. Así, bien está quitar la limosna de los 400 euros -que volverá merced a IU como caridad cristiana y no justicia social- si a cambio cuando vaya al paro, que irá pues seguirá subiendo- Zapatero me da otra ayuda de algo más de 400 y al mes. Y no importa la justicia o no de esto –es decir: si es un derecho- sino que Zapatero se presenta así como el líder bondadoso que da gracias y no derechos. Lo contrario a un estado democrático.
El cálculo económico es, igualmente, real y astuto. Los impuestos lo pagan los que no pueden evadirlos –y todo lo demás es tontería filantrópica en cuanto a su análisis social-. La propia Salgado reconoció esto cuando aseguró que a las SICAV no se les podían subir los impuestos. Así, las grandes fortunas estarán exentas por siempre, salvo que se ponga un gobierno sin miedo, de pagar impuestos reales pues los medios para la evasión, legales o no, son infinitos. Por eso, de forma realista, sólo cabía subir los impuestos fácilmente adquiribles: consumo y ahorro. Por consiguiente, el gobierno pide un esfuerzo de solidaridad cuando en realidad actúa como el chorizo que atraca al transeúnte a punta de navaja porque no se atreve a atracar el banco a punta de pistola.
Y el viejo prejuicio. Zapatero es uno de los impulsores de la mayor mentira histórica de los últimos tiempos: la memoria histórica. Esta, sin embargo, sería incomprensible sin un viejo prejuicio de la autoproclamada izquierda: la clase media, frente a los trabajadores, es mala. Ese canto a la República como ideal, falso históricamente, tiene una base en esto. Este prejuicio incluso está presente en la propia autodefinición sociológicas de los grupos y así, por ejemplo, los profesores, típicos representantes de clase media, nos referimos a nosotros mismos como profesionales liberales: no lo somos. Se trata, en definitiva, de que si bien económicamente -y de forma falsa en un país que tiene a un 63% de asalariados ganando menos de 1000 euros- todo el mundo se perfila a sí mismo como clase media, las bajas para presumir y las altas para disimular, sin embargo sociológicamente todos se autopresentan como ajenos a la mismas. Y así, en un acto político uno puede exigir un esfuerzo a la amplísima clase media –nota: recuerden lo de los 1000 euros- porque en la opinión pública autodenominada progresista no cala como propio sino como a esos miserables pequeñoburgueses no dispuestos a ser solidarios.
¿Es Zapatero ese tonto que nos quiere presentar la derecha? No. De hecho es seguramente, el mejor político posmoderno que hay actualmente en el planeta. Un miserable moral pero un ejemplo de político. Sin duda.
Y no se quejen, si es que han llegado hasta aquí, ya les avisé de que era un rollo.
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