(sentirse como teniendo media) PENSIÓN

La voz de alarma sobre la imposibilidad de mantener el actual sistema de pensiones ha partido esta vez, en un ejercicio de responsabilidad al que sin duda ya nos tiene acostumbrado, del propio gobierno. Tras ella han surgido, como feroces carroñeros, la mayoría de los contertulios, ya sea con conocimiento o sin él de lo que decían, y la opinión publicada. Pero, tal vez, lo más interesante, es que se ha pretendido que la defensa de la propuesta de modificación regresiva del sistema de pensiones, porque es a peor para el trabajador, no se hacía desde una determinada visión política sino desde la incontestable realidad: era necesaria. Así, se presentaba a la reforma a peor de las pensiones, la degradación efectiva del servicio, como un hecho inevitable y avalado por el conocimiento científico neutral: es economía. Y, por consiguiente, nadie, excepto los ignorantes, parecía poder oponerse. Y debíamos creer a los expertos.

Sin embargo, este artículo, dentro de nuestras posibilidades y nuestra ignorancia, pretende, en primer lugar, rebatir los argumentos empleados para señalar la necesidad e inevitabilidad de dicha reforma, tal y como se proclama, y defender la hipótesis de que nuestra sistema de pensiones es viable. Pero no queremos quedarnos ahí sino que pretendemos –como siempre pretenciosos- analizar porqué, si nuestra hipótesis es cierta, se quiere sin embargo, y lejos de la verdad científica, presentar el sistema público de pensiones español como condenado técnicamente al fracaso. Es decir, mostrar qué interés está detrás de ese análisis que se autoproclama neutral y técnico.

Vayamos, primero, con la parte estrictamente económica. Para empezar una aclaración no tramposa: efectivamente, el sistema de pensiones español es un sistema de reparto y no de capitalizacion. Esto quiere decir, grosso modo, que aquello que está usted pagando ahora no es una inversión para su futura pensión sino el dinero con que se pagan las actuales pensiones: se gasta, para entendernos, en los pensionistas actuales. Efectivamente, usted paga las pensiones actuales y las generaciones futuras, mis alumnos entre otros, pagarán, presumiblemente, la suya. Y la mía. Esto es así, una razón, porque al iniciarse el sistema, que antes no existía, era la única manera racional y justa de hacerlo: los que se iban a jubilar no habían cotizado su propia pensión y por tanto un sistema de capitalización hubiera sido imposible para ellos: no había inversión personal. Pero también es así porque se trata no de un sistema solidario, repugnante palabra, sino de justicia social: si uno ha trabajado toda su vida, y en cierta medida eso es también contribuir al bienestar social, merece unas condiciones dignas de retiro que no tengan que ver, necesariamente, con su base de cotización. Así, el sistema de reparto era una opción política frente a otras.

Ahora bien, se asegura, y este es el quid de la cuestión, que este sistema es inviable tal y como está. Y se señalan para realizar dicha afirmación una serie de hechos: primero, un asunto demográfico pues cada vez hay más viejos en detrimento de población trabajando; y, segundo, que la economía, como consecuencia lógica, no podría mantenerlo.

Empecemos por el primer argumento: la demografía demuestra, se nos dice, que habrá un mayor número de viejos que de jóvenes y, por tanto, de no cotizantes pensionistas frente a trabajadores cotizantes. Obsérvese un primer dato: en esta interpretación interesada, población y cotizantes son idénticos. Así, se puede hacer la falacia de extrapolar los datos actuales de cotizantes al futuro solo haciendo la regla de tres. Por ejemplo, si actualmente hay un 60%, número elegido al azar pues luego daremos cifras exactas, de población cotizante, al disminuir el número total de población en edad de trabajar y mantenerse el de cotizantes este disminuirá lógicamente pues ese 60% lo será sobre menos número (del mismo modo como un 10% de la población china es más que un 10% de la española). Así, el número de cotizantes es invariable respecto al de población. Y bajo esta falacia se presenta todo el desarrollo posterior. Pero, la falacia es solo falacia. Porque los cotizantes no son el núcleo de la población en edad de trabajar sino sólo los que efectivamente trabajan. Y en España son pocos en relación al porcentaje –y no, precisamente, porque aquí haya más vago-.

Efectivamente, en España los cotizantes son ciertamente bajos fundamentalmente por tres factores: el paro, la escasa presencia de la mujer en el mercado de trabajo y la economía sumergida. Cuando un trabajador cobra un salario de forma legal, cotiza a la Seguridad Social y por tanto alimenta el fondo de pensiones. Sin embargo, si alguien está en edad de trabajar y no lo hace no cotiza y, por consiguiente, no genera ingresos en el fondo para las pensiones futuras. En España hay más de cuatro millones de parados que no cotizan para las pensiones. Ello implica, aproximadamente, un 20% de la población activa que si cotizaran, al menos en su mayor parte, los fondos económicos para las pensiones públicas se multiplicarían extraordinariamente. Es decir, el futuro de las pensiones tiene que ver con reducir el paro, en primer lugar.

Pero, en segundo lugar, nuestra tasa de empleo femenino es bajísima en comparación a la UE. Efectivamente, estamos por debajo de la media, y vaya países que tiene la media, y estamos, por ejemplo, 20 puntos por debajo de Dinamarca (73% entre los nórdicos frente a un 53% para España) o 14 puntos por debajo de Holanda. Pero, ¿eso quiere decir que las mujeres españolas son vagas y no trabajan? ¿Por qué los distintos gobiernos no lo incentivan? Pues es sencillo, como España está por debajo de la Unión Europea en gasto social, son, precisamente, las mujeres quienes en gran parte realizan esa indispensable labor y por ello, aunque realmente trabajan, no cotizan. Y que conste que aquí no pedimos que a las mujeres se les pagara por esto, pues sería reaccionario al condenar a las mujeres de clase baja a su ambiente para siempre, sino que sencillamente los gobiernos no fomentan la incorporación de la mujer al trabajo en España porque en realidad es una forma de ahorra gasto social –a costa, explico, de negar derechos a esas mismas mujeres-.

Y, tercero, queda algo. En España la economía sumergida alcanza, como mínimo, un 20% del Producto Interior Bruto. Y con ella hay toda una mano de obra que trabaja pero no cotiza. Ya sé que usted, amable lector de derechas, conoce a un amigo que conoce a un vecino que a su vez leyó en internet que hay un fontanero que es un golfo. Pero desengáñese: la inmensa mayoría de los trabajadores en economía sumergida lo son porque no pueden ganar dinero de otra forma. Y, adivinen, tampoco cotizan.

Así, el argumento demográfico es falaz porque no tiene en cuenta que la economía española presenta elementos de cotización propios que si se solucionaran incluyendo a los sectores arriba indicados añadirían a un altísimo número de cotizantes con la misma población y por tanto sin necesidad de extender la cópula reproductiva. Pero hay más. Porque efectivamente las pensiones españolas solo se nutren de las cotizaciones específicas pero no del resto de impuestos. Y esto sí es una decisión política. Sería fácil, puesto que sería un derecho ciudadano, que el fondo de pensiones recibiera también dinero de los impuestos, tanto directos como indirectos, que, por ejemplo, con tanta gracia nos ha subido el gobierno presuntamente izquierdista de Zapatero –nota: ¿alguien de esa presunta izquierda que nos acusaba de derechistas por desenmascar hace ya tiempo al presidente del gobierno nos va a pedir perdón alguna vez?-. Si hay dinero para financiar los reinos de taifas en que se han convertido las autonomías con los impuestos, auténtico agujero negro de la economía nacional, ¿no lo hay para financiar las pensiones? Es, por eso, la financiación de las pensiones no solo un asunto técnico, ya desmontado, sino político: hay cosas que interesan y cosas que no. Y la financiación autonómica es mantener una élite política, por eso interesa y aunque se vote en contra se coge el dinero y se corre, y las pensiones no.

Pero, ¿por qué no? ¿Acaso subirá la edad de jubilación a los 67 años? Desengáñense y respiren tranquilos: no. O al menos no en mucho tiempo. En realidad la propuesta es un globo sonda que tiene otra finalidad –repetida varias veces-: generar una inquietud que active una respuesta en fondos privados. Efectivamente, en España los servicios públicos van poco a poco privatizándose en una vía subsidiaria: se mantiene la oferta pública pero se financia, con dinero público, la privada. Esto ya se ha hecho en educación, la concertada, se desarrolla en sanidad, siendo Madrid un buen ejemplo, y se pretende ahora generar en pensiones. El sector financiero español es, seguramente, la parte de la economía nacional más poderosa y, curiosamente, la única que, exceptuando ese engendro que es la caja de ahorros, no ha recibido aún la prebenda de la financiación de un servicio público. Generar incertidumbre en la clase media sobre sus pensiones, incertidumbre cierta sin duda visto nuestro parlamento, implica generar un estado de opinión favorable a los fondos privados de pensiones. Garantizar luego que estos fondos ya no sean individuales sino, favoreciéndoles por ley, de empresa o sector en detrimento del público es un siguiente paso –que por cierto ya se empieza a hacer en ciertos sectores-. El negocio financiero, inmenso, está servido: un alto número de españoles cada mes cotizarán pública y privadamente. Y el nivel de inversión en las finanzas privadas promete mucho. Un gran negocio es, ¿cómo se llama?, una decisión técnica económica y política. Y además, aquí sí, inevitable: porque beneficia a unos a favor de otros. Pero, no crean, eso no es explotación capitalista, que es más serio que todo esto, sino solo rapiña.