UN PROGRAMA DE IZQUIERDAS/6: EN DEFENSA DE ESPAÑA

Según la Constitución,  España es un estado social y democrático de derecho. Esta definición es básica para todo el desarrollo de este artículo. Por eso, parece conveniente analizarlo.

La Constitución es hija del modelo de transición español. Durante el periodo de su producción, tras la dictadura militar de Franco, se buscaba la democracia. Pero no solo la democracia como abstracción sino un tipo determinado de tal democracia. Efectivamente, y para entendernos, se podía hablar en aquella época de una democracia tipo estadounidense o bien de una democracia tipo europeo. La diferencia fundamental entre una u otra no era tanto en el terreno político, las dos respondían básicamente a las mismas características, como en el socioeconómico. Políticamente ambos modelos se basaban en elecciones libres y libertad política, pero sin embargo socialmente había una diferencia fundamental. En el modelo europeo existía una intervención directa del estado en las políticas sociales, creando así lo que se ha dado en llamar estado del bienestar. De esta forma, en las democracias europeas continentales se unificaban los derechos políticos con los sociales, formando ambos una suerte de derechos democráticos únicos.

Ese modelo de democracia política y social fue el escogido por la transición española. Es decir, en la Constitución, fruto de la transición española, se decidió no hacer solo un perfil de democracia política sino que existiera una vinculación entre los derechos políticos y los derechos sociales. Además esto se produjo en una coyuntura económicamente peor que la actual y cuando comenzaba a emerger la luego llamada revolución neoconservadora con Friedman dando consejos en Chile, a los neoliberales siempre les gustó la democracia, y Thatcher preparándose para conquistar el poder en el Reino Unido. La democracia social, por tanto, fue una opción determinada y la base del consenso constitucional.

Con este pacto constitucional, se instauraba, mal que bien pues todo hay que decirlo, un estado del bienestar que si bien era rácano comparado con el europeo resultaba algo sin precedentes en la historia de España. Y, también por primera vez en su historia, España se convertía en una democracia realmente homologable con el resto de los países europeos. Este era el triunfo, sin duda alguna, de la Transición española. Así, ese artículo primero de la Constitución española ampliaba el modelo de democracia y lo hacía en un sentido determinado. Y ese era, según la propia Constitución, el fundamento de España. No era la bandera ni la monarquía ni la república de trabajadores ni el destino en lo universal sino algo, tal vez,  más simple: un estado social y democrático de derecho.

Y ahora viene la traición.

Ya hemos hablado aquí varias veces del proceso de precarización europeo. Consiste, aquí un resumen, en una depauperación de las condiciones sociales, económicas y políticas de ciertas regiones europeas, fundamentalmente el sur y el este, una vez que el consumo de sus habitantes, base para el actual capitalismo,  puede ser sustituido por una baja proporción de la población de los países emergentes. Precisamente, este proceso es la clave para entender lo que ocurre ahora en España y en el resto, no lo olvidemos, de las regiones europeas citadas. Efectivamente, el nuevo proceso de depauperación implica una pérdida de derechos sociales y de bienestar económico de toda esa población europea pues su consumo, a diferencia de lo que  ocurría en las economías nacionales que dieron pie al estado bienestar, ya no es necesario para el sostenimiento de la estructura económica. Y esto añade algo: no creemos que el estado del bienestar fuera un feroz triunfo revolucionario sino un aprovechamiento de política social sobre la base de ese mismo capitalismo.

De esta forma, el proyecto nacional de España, reflejado en su Constitución aún retóricamente, ha sido suplantado por un proyecto alejado de la soberanía nacional, tal y como demuestra por ejemplo la propia reforma constitucional sobre el déficit urdida a escondidas entre Zapatero -¿recuerdan que era muy de izquierdas y yo un malvado fascista cuando le criticaba?- y el PP –aquí no hubo dudas-.  Así, lo que ha ocurrido ha sido, ni más ni menos, una traición a España. Por supuesto nadie tiene esto que ver con un repentino fervor patriótico o una queja nacionalista sino algo mucho más importante: frente a los paletos nos da igual perder la boina, o la barretina, pero no nos da igual perder la democracia. Es decir, no nos da lo mismo dejar de ser un estado social y democrático de derecho porque ese era el pacto de la nueva sociedad. Y ese pacto era la soberanía nacional de la España democrática: la mejor forma de vida que este país ha tenido nunca.

Se da así, además, un hecho curioso: la derecha que siempre se ha presentado como amante de España ha traicionado a su país convirtiéndolo en una colonia de Alemania  -tal vez, el viejo sueño de Serrano Suñer cumplido-. Y también una paradoja  más.  De pronto el sector político progresista se convierte en el defensor de la soberanía nacional. Y es aquí donde no hay que equivocarse. La soberanía nacional no es el objetivo de la lucha, sino la democracia política y social. El proyecto de precarización en que el gobierno de la derecha nos introduce con gusto, y ya inició Zapatero, es una traición a España -¿por qué tener tanto miedo a esta palabra?- porque busca acabar con la democracia. Por eso, quienes estamos en contra defendemos España no como destino en lo universal o como lugar de los pueblos, y los paletos, sino como democracia. Y por eso, defendemos que la auténtica solución es que Europa sea un solo país. Pero, mientras eso llega, que debe ser el objetivo a corto plazo de la izquierda, tenemos que defender España como democracia.

Hay gente muy profunda que señala que todo es lo mismo. Que da lo mismo defender la democracia social de nuestra constitución que la precarización porque todo es igual. La culpa, dicen, es del sistema. Son, ya digo, sutiles y radicales. Seguramente fueron a la universidad con una beca o cuando las tasas eran más baratas. Nosotros, que fuimos a la universidad por una beca, no somos tan sutiles y distinguimos entre lo necesario del capitalismo, la explotación de la vida humana, y lo innecesario del capitalismo, el proyecto de precarización. Y curiosamente sabemos que la única condición de posibilidad de superar ese mismo capitalismo ya no es la precariedad que levantará al pueblo –nota: ¿cuándo la pobreza ha levantado a alguien?- sino que haya unas condiciones sociales determinadas que generen la posibilidad del pensamiento. Pero además, no tenemos esa visión escatológica que nos permite ir dejando cadáveres en la cuneta mientras miramos extasiados esa tierra de libertad que nos promete y que realmente no es sino el reflejo de nuestro ombligo. Cada alumno que no puede ir a la universidad porque le han subido las tasas, cada  parado que debe coger un trabajo precario y mal pagado, cada enfermo al que se le reduce su asistencia o cada calle que no se limpia -así, tan vulgares- es para nosotros también un problema filosófico. Es ingenuo pensar que España era un paraíso antes de este proyecto para convertirlo en una nueva China, pero desde luego era algo mejor que ahora. Y a veces defender algo es más que soñar con todo.