Empecemos por el final. La autoproclamada autonomía de los centros educativos es un proceso que perjudica al sistema público de educación y que, de hecho, se está desarrollando por este motivo. Este artículo, precisamente, lo que pretende es explicar por qué esto es así. Y, ya puestos, a su vez señalar que no solo la autonomía de los centros implica un torpedo contra la ya escasa línea de flotación de la escuela pública, sino que además, y como consecuencia lógica, es un ataque directo y total contra la libertad de cátedra del profesorado. O diciéndolo de otra manera: vamos a desarrollar cómo la autonomía de los centros, el nuevo y gran paradigma educativo, no es sino el desarrollo y triunfo del mercado neoliberal.
En primer lugar, convendría señalar, siquiera brevemente, qué entendemos por autonomía de los centros. Las distintas leyes educativas han ido incrementando la presencia de esta idea en los últimos años refiriéndose, grosso modo, al hecho de que cada centro puede desarrollar distintos proyectos, metodología y maneras de actuar propias y diferenciadas. Y esto podrá parecer algo muy importante y educativamente estupendo, pero en su desarrollo, sin embargo, es el final premeditado de la educación pública como sistema.
¿Por qué la autonomía de los centros atenta contra la educación pública como sistema?
La educación pública no es, o al menos no debe ser, un conjunto de centros particulares cuya única conexión entre sí sea su titularidad estatal. Es algo, es mucho más: un servicio público para desarrollar la igualdad. Se trata pues de un sistema que debe funcionar no desde la particularidad de cada uno de sus miembros, sino desde su integración en dicha estructura. Si se permite la existencia de centros mucho mejores y mucho peores, entonces este servicio público deja de ser tal y se convierte en un servicio privado para esos alumnos y sus familias que están, después de un selección previa por cierto, en los mejores centros.
Precisamente, lo que hace la autonomía de los centros es desarrollar necesariamente la competencia entre los propios centros y, por lo tanto, eliminar el hecho de que el sistema educativo público sea tal sistema cuya finalidad sea la educación de todos los alumnos. Una vez que los centros son autónomos, compiten entre sí para ser elegidos por los mejores alumnos de las mejores familias, es decir aquellos que menos complicaciones académicas tienen, y esta competición se da entre los distintos centros públicos existentes. De esta forma, se rompe la idea de un sistema único público, sustituyéndose por un grupo de centros atomizados que luchan en un mercado y que han perdido todas las características propias de un servicio público: ya no se trata de servir a la ciudadanía como tal ciudadanía sino al cliente. La autonomía de los centros entonces es la creación del mercado educativo y del alumno como cliente de dicho mercado y la destrucción de la enseñanza pública como un servicio al ciudadano. Cada centro público compite con el resto para atraer una clientela.
Además, en segundo lugar, hay otro hecho muy interesante sobre la autonomía de los centros. Y lo es en referencia a los propios docentes. La mayor autonomía de los centros disminuye y elimina la libertad de cátedra de los profesores: a mayor autonomía de los centros, menor libertad de los profesores -nota: desde ahora lo pueden llamar la Ley Mesa de la autonomía educativa-. Efectivamente, la autonomía de los centros se basa en convertir a cada centro educativo en un bloque monolítico metodológico que busca imponer a cada uno de sus docentes esa misma peculiaridad metodológica que el centro califica como propia, aunque en realidad provenga de la imposición de la moda pedagógica patrocinada por las grandes corporaciones educativas generalmente privadas. La pérdida de la libertad de cátedra metodológica, reconocida por la ley en secundaria, se convierte así en una consecuencia necesaria de dicha autonomía del centro.
Así, la autonomía de los centros, que resultaría innecesaria si se mantuviera la libertad de cátedra metodológica de cada profesor, pues este adaptaría su forma de enseñar a la realidad de su aula y de su materia, lo que hace es negar la libertad individual subordinándola a la libertad de mercado.
De esta forma, si la primera consecuencia de la autonomía de los centros es la creación general de un mercado educativo y competitivo, teniendo como consecuencia la desaparición de la educación pública como servicio y sistema estructural para la sociedad y la ciudadanía, la segunda consecuencia es la desaparición de las condiciones objetivas y universales de trabajo al convertir definitivamente al trabajador, a pesar de las leyes, en un mero apéndice de la estrategia empresarial: en este caso de la administración correspondiente y la junta directiva concreta. Efectivamente, una clave fundamental del neoliberalismo, y que la separa radicalmente del pensamiento liberal cuyo ideal era la libertad individual, es la subordinación del individuo a la estructura del mercado. Por ello, los derechos laborales, y por extensión los de cualquier otro tipo, son subsidiarios del propio desarrollo del mercado. De esta manera, el derecho a la libertad de cátedra queda definitivamente desterrado por la uniformidad del marketing educativo. Y si llevan esto al mundo del mercado laboral privado, y ya lo llevan, verán que es exactamente lo que está ocurriendo con los convenios colectivos y la lucha ideológica que se está manteniendo en contra de estos en aras de la singularidad de cada una de las distintas empresas de determinado sector.
La tercera consecuencia, lógica e inexorable a la vista de las dos consecuencias anteriores, es la conversión del alumno en cliente y de la educación en mercancía. El alumno, y su familia, se convierte en cliente que debe ser satisfecho, básicamente en aprobar como sea y que los deseos familiares se conviertan en las directrices del centro. A su vez, la educación se convierte en mercancía cuyo único valor como tal mercancía es doble: por una lado, integrar cada vez más el beneficio privado con proyectos financiados directamente por grandes corporaciones; en segundo lugar, convertir a la escuela en una factoría de trabajadores y consumidores (ya saben el ejemplo: en el nuevo currículo de la ESO, del gobierno más progresista de la historia, aparece 23 veces la palabra emprendimiento y ninguna vez filosofía). Se trata de acabar con la formación ciudadana, si alguna vez la hubo, y generar, y esto sí lo hay sin duda- la nueva subjetividad del Nuevo Capitalismo -como ya hemos explicado aquí-.
La autonomía de los centros, así, no es más que el cumplimiento del mercado neoliberal en la condición de la escuela pública. La idea clave es el fomento del propio mercado como símbolo y garantía de libertad, derivando de ello la destrucción del modelo de servicio público. Junto a esta destrucción, además se une la nueva conquista de otro ámbito para el desarrollo del mercado, cada vez mayor presencia de entidades privadas en la dinámica de los centros, y la subordinación de los docentes a este mercado educativo.
La auténtica globalización no es la realización de un comercio mundial. Es, como ya barruntaba Marx al inicio de El Capital, la conversión de todo en un inmenso arsenal de mercancías: la realidad como mercado. La tan cacareada autonomía de los centros cumple ese objetivo para la educación pública: mercado educativo y negación de la autonomía del sujeto. Bienvenidos, otra vez, a la nueva forma de dominación social.
