AGUIRRE, LOS RECORTES Y LA EDUCACIÓN

El gobierno de la comunidad de Madrid ha decidido aplicar unos extraordinarios recortes en la educación pública, tal y como denuncia la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de Madrid. Dichos recortes afectan fundamentalmente al servicio prestado a los alumnos pues implican, entre otras cosas, reducción del número de profesores en general -lo que llevará a su vez a clases más numerosas que impidan atención personalizada- reducción de desbobles –que eran los grupos reducidos en ciertas materias básicas que servían para mejorar el rendimiento- y a la práctica desaparición de los profesores de compensatoria -que estaban destinados a ayudar a los alumnos con retraso escolar-. Así pues, a la hora de hacer recortes, el gobierno Aguirre ha decidido aplicarlos perjudicando al alumnado de la enseñanza pública. Y la pregunta muy pertinente es: ¿por qué estos recortes y no otros?

Efectivamente, los altos cargos del gobierno regional han aumentado desde el mandato de la lideresa sin cesar, de forma inversamente proporcional a su trabajo y capacidad. Incluso, el gobierno Aguirre subió generosamente el sueldo a las juntas directivas de los centros escolares ya en plena crisis. Es decir, para los cargos no había crisis -aunque debemos reconocer que no era así para la propia Aguirre incapaz desde hace mucho de llegar a fin de mes por asumir responsabilidades políticas y de servicio social-. Sin embargo, los alumnos de la enseñanza pública si deben ver recortados la prestación de sus servicios. Y la clave está, sin duda, en el modelo educativo que la autoproclamada liberal, en realidad no lo es o tal vez lo sea más conscientemente que otros, persigue.

Primero se debe destacar como estos recortes afectan exclusivamente a la enseñanza pública. Aguirre no ha reducido los conciertos, ni en número ni en cantidad, ni ha bajado los sueldos a los empleados de la concertada, extraordinariamente explotados por su patronal por cierto y por ello nos alegramos que al menos esto no les toque. Sin embargo, sí ha cargado contra la enseñanza pública, como por otra parte ha sido su constante acción política. Así, en primer lugar, Aguirre ha señalado una prioridad: los recortes en educación, ya a sus trabajadores ya a su servicio y usuarios, solo deben darse en la enseñanza pública. O mejor dicho: contra la enseñanza pública.

Pero, y aquí está el segundo elemento, solo a ciertos aspectos de la enseñanza pública. La comunidad de Madrid este año ha extendido los centros bilingües y ha inventado, en su delirio, un nuevo modelo de instituto denominado de innovación tecnológica –teme a Aguirre, sin duda, el Instituto Tecnológico de Massachusetts- . Por supuesto, todo esto implica aumentar el gasto y así efectivamente se ha hecho sin dudar un ápice. Pero esto, curiosamente, no se hace para los alumnos de compensatoria, los que tienen más problemas, que se quedarán sin profesor especialista. Vuelve pues la pregunta. ¿Por qué unos sí y otros no? Y la respuesta es el modelo educativo perseguido que guarda relacion con el modelo social deseado.

El ideal educativo de Aguirre es un modelo elitista perfectamente coherente con su propia idea de sociedad. Para Aguirre, y con ella para el gobierno de la comunidad de Madrid, hay dos sistemas educativos que deben diferenciarse: uno, compuesto por la escuela privada, concertada y los institutos de élite -bilingües y, ahora también, tecnológicos- para los alumnos que, según se dice, valen; otro, para la chusma que estaría representada por el resto de la pública. La idea es la dicotomía social ideológicamente, en su sentido de falso, amparada en la igualdad de oportunidades: los alumnos, y sus padres, decidirán de acuerdo a su valía y preocupación. Sin embargo, la realidad no es así. Y no es así -es decir: el acudir a un centro u otro no depende de la libre voluntad ni de los alumnos ni de los padres- porque, como el gobierno Aguirre conoce sin duda, las expectativas educativas de los alumnos no son modelos ideales de prístino individualismo sino realidades socializadas. Efectivamente, la clave de las expectativas educativas de los alumnos no es fundamentalmente su libre albedrío y ganas sino, precisamente, la condición social de los padres y los estudios que estos cursaron (ver informe de Jorge Calero y el Informe de Inclusión social de la Caixa 2009).

Las expectativas pues guardan relación con la realidad social vigente y no con ideales. Al hacer centros de origen ya diferentes, es decir: al presentar distintos modelos de centros educativos y unos ya mejores que otros, se impide que el alumno acceda a un mundo de nuevas expectativas sociales y, por tanto, que su socialización no sea sino la repetición de su condición social. Por tanto, cuando lo que se hace es realizar una selección de origen en los centros docentes, presentando ya desde el principio centros para las élites sociales y otros para la chusma, lo que se pretende es perpetuar el status quo social y, a través de ello, mantener el entramado social tal y como está: política de derechas pura y dura. Pero además, no se trata de liberalismo de oportunidades -tan bien mirado ahora, no se sabe bien por qué- sino de algo más crudo: puro conservadurismo social. En su concepción elitista de la sociedad, un liberalismo autoritario y basado en la fuerza de las oligarquías, Aguirre decide excluir del estamento de intervención política a un porcentaje social amplio al negarle unas condiciones mínimas, porque ya las tenían, para educarse.

Así es esta una labor de ingeniería social. Lo que Aguirre pretende, al escoger estos recortes por la crisis y no otros, es en realidad priorizar un modelo social concreto. Y este modelo busca una doble función.

Por un lado, y como ya hemos analizado en otro lugar, generar una serie de lobbys de interés. Efectivamente, la escuela concertada, fundamentalmente asignada a la Iglesia, ve en Aguirre a su mentora y estará dispuesta a ayudarla en todo momento generando una posición de opinión al menos no contraria a ella –y esto es muy interesante cuando incluso hay una pugna con Gallardón en su propio partido-. Pero además, ahora cuenta socialmente con un nuevo lobby que son por un lado los padres de clase media y políticamente autodenominados progresistas que buscarán llevar a sus hijos –y así buscan lo mejor por ellos lo cual no es criticable- a los nuevos centros publicos elitistas y, por otra parte, el segmento del profesorado que se desplazará a estos centros de élites, fundamentalmente el grupo más activo y mejor preparado, porque verán en ellos un refugio -y tienen razón y tampoco es criticable- ante el desastre real al que ha sumido al país las políticas educativas llevadas a cabo por la autodenominada clase política progresista. Así, un importante segmento social, y fundamentalmente el mejor formado, defenderán el modelo y serán deudores de él.

Por otro lado, y a largo plazo, la finalidad es la elaboración de una sociedad dividida en dos grupos fundamentales: un grupo productiva y socialmente activo -en cuanto a capacidad de actuar de acuerdo a sus intereses que son ahora los de su propia élite frente al otro segmento social- y otro grupo productivamente activo también pero sin capacidad de acción social ni política por su escasa educación y con ello su mínima expectativa social, es decir: la chusma. La distinción desde la niñez, en la elección de un centro u otro, es así la mejor forma de dominio y conservación de la oligarquía que ahora ya se verá apoyada por una amplia clase intermedia.

Es el sueño de Ortega revivido: masa y minoría –pero mayoritaria para ganar elecciones- selecta.