PRECARIZACIÓN Y ORDEN PÚBLICO: LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA (sic)

El gobierno de derechas del PP parece dispuesto a sacar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Este hecho, lejos de ser anecdótico, es una prueba más del proceso de precarización que la oligarquía social, y su gobierno títere, esta planificando para nosotros. Y lo es por tres motivos concretos.

En primer lugar, conviene distinguir entre una Ley de Seguridad Ciudadana y una Ley de Orden Público.

Efectivamente, la idea de Seguridad Ciudadana tiene en su apellido un término ineludiblemente democrático: ciudadana. Este apellido implica que lo fundamental en dicha legislación es la ciudadanía y sus derechos. Por eso, los estados democráticos deben hacer leyes que protejan estos derechos y su ejercicio y entonces los aparatos coercitivos del propio Estado –el judicial y especialmente la policía- son vistos por la población como defensa de esos derechos.

Sin embargo, la defensa del llamado Orden Público es la defensa del orden y con ello del statu quo vigente. La idea principal aquí no es la defensa de la ciudadanía sino de las condiciones sociales vigentes, afecten como afecten a esta misma ciudadanía. Y esta defensa de la situación social -justa o injusta, democrática o no-  se convierte en la prioridad de esa misma ley de orden público: de los intereses que hay para que ese orden persevere. Así, en una situación de pérdida de derechos sociales y políticos –imagine un país imaginario donde un imaginario partido miente en su programa electoral y recorta derechos, ahora sí imaginarios- una ley de Orden Público lo que buscaría sería consolidar esta pérdida a través también de los medios coercitivos que antes citábamos del Estado: el sistema judicial y, otra vez especialmente, la policía. De esta forma, estos estamentos, que en una Ley de Seguridad Ciudadana sirven por proteger derechos, en una Ley de Orden público sirven para garantizar la pérdida de estos derechos y la represión.

¿Cómo es la reforma del gobierno títere de derechas? Si nosotros defendemos que el proyecto legislativo del gobierno del PP es una ley de Orden Público debemos demostrarlo en lo concreto y que el proyecto defiende el statu quo actual. Es decir, que busca la defensa de la pérdida de la democracia y la represión.

Empecemos.

En primer lugar lo principal de la nueva ley es a quién defiende. Si observamos esto veremos que el fin último de esta ley es la defensa de la oligarquía política. Efectivamente, la penalización extrema que busca la ley de la protesta ciudadana es para la protección absoluta de una oligarquía política concebida como aristocracia. Así, la ley acrecienta el privilegio de esta, que se convierte de facto en intocable, en detrimento del derecho a la protesta ciudadana a la que a priori se la determina como ilegal. Los ciudadanos así son sospechosos habituales y la clase política es inocente.

En segundo lugar, para conseguir este privilegio no ha habido dudas en pretender convertir a la policía en una guardia pretoriana, y no en un servicio público, y con ello un cuerpo al servicio de los ciudadanos. Efectivamente, hay dos cosas que llaman poderosamente la atención en el proyecto de ley. La primera, convertir en falta administrativa lo que era delito a condenar por un juez –y, con una pena mayor-. La segunda, dejar ciertos aspectos al albur de la misma policía, como  la zona de seguridad a limitar para las manifestaciones.

De esta forma, la policía se convierte en un grupo que ya no solo trabaja para un poder superior que la controla, la judicatura, sino que sanciona directamente convirtiéndose así en aparato gubernamental directo. Efectivamente, convertir estas acciones en falta administrativa, eliminando lo judicial, lleva a la sanción directa de la policía que se convierte así, por su propia constitución disciplinaria, en aparato del gobierno. Y ello provocará, sin duda, que aquellos miembros que más sancionen sean mejor recibidos por los poderes de esa misma oligarquía a proteger que esos otros que consideren que los derechos civiles priman sobre los privilegios oligarcas. E igualmente, ocurrirá con aquellos factores dejados al propio arbitrio de la policía donde el mayor celo, es decir: el más pelota, recibirá su recompensa.

 Pero, ¿entonces no hay que proteger a la policía? Por supuesto, a la policía hay que protegerla como a los bomberos, los médicos, los militares o los profesores: forman parte indispensable, como ya hemos señalado, de un estado democrático –nota: sí, la policía es parte indispensable de la auténtica democracia-.  Pero esta ley no lo hace así. Porque lo que verdaderamente hace es privatizar al cuerpo buscando priorizar la defensa de unos ciudadanos, la oligarquía política, sobre otros, la ciudadanía en su derecho de protesta. Y esto lo ha señalado muy bien el dirigente del Sindicato Unificado de Policía cuando  ha declarado que la nueva ley solo busca beneficiar a un sector. Y no es a la policía precisamente.

Y queda la tercera pata, y la más astuta: la eliminación de la clase media de las protestas y el auge de los elementos violentos. Efectivamente, la idea final de todo este proceso es radicalizar, en el término más vulgar de la palabra, las protestas  contando con tres aspectos.

Primero, una amenaza policial y represiva permanente, una vez se ha privatizado la policía en guardia pretoriana, que produce como efecto lógico la creación de un clima de violencia.

Segundo, se busca que los imbéciles de siempre, poco pensamiento y mucha quema de contenedor, entiendan esto en su sentido más primate y asistan corriendo a quemar más contenedores, romper más escaparates, destrozar más coches y, con ello, dar pie a una mayor represión.

Y, como consecuencia, aparece lo tercero. La desaparición de la clase media de la protesta social, su abstención política o, en el peor de los casos, su vuelco electoral para la oligarquía que habiendo provocado esto ahora, sin embargo, se presenta como la salvadora de su coche o su escaparate destrozado por los descerebrados de turno.

Este país, España, tuvo a partir de la afortunada muerte del dictador –cuya única desgracia nacional fue no haber muerto antes- el sueño de construir algo inédito en su historia: un estado social y democrático de derecho estable en el tiempo. Un proceso de precarización a escala mundial está buscando arrebatárselo con la inestimable colaboración de un gobierno títere. La Ley de Orden Público propuesta por el gobierno indígena a instancia de la fuerza colonial es otro paso más en esa dirección. Pero, aún está en nuestras manos pararlo para construir y profundizar esa democracia. Y esto no es cursilería, es necesidad del momento.