España se constituye, según nuestra Constitución, en un
Estado social y democrático. Esto significa que el Estado no se limita a
garantizar los derechos fundamentales sino que debe intervenir para
desarrollarlos. De ahí que haya, todavía, un sistema de pensiones, sanidad o
educación público. En contra de esto, la globalización y la crisis han sido
aprovechadas para generar políticas neoliberales de privatización, donde el
gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido punta de lanza.
Si nos ceñimos a la Educación, se busca convertirla en campo
abierto para el negocio. De hecho, el Bank of America Merrill Lynch calcula en
torno a cinco billones de dólares el dinero invertido en educación en 2017: se
trata pues de un suculento negocio a conquistar. Y se trata, por tanto, de
privatizar la educación. Y destaca en ello el apoyo del gobierno de la
Comunidad de Madrid.
En primer lugar, el gobierno de Madrid apoya la
privatización como negocio. Su método pasa desde la concesión de cheques
escolares -en Infantil y FP, más el nuevo anunciado para Bachillerato-, al
desarrollo de la escuela concertada como línea prioritaria, o al apoyo y a la
creación de nuevas universidades privadas.
Igualmente importante es la privatización familiar. Esta
consiste en la carga económica que las familias soportan por la insuficiencia
de los presupuestos educativos. Y esta privatización está, de nuevo,
especialmente desarrollada en Madrid, donde las familias aportan el mayor gasto
por alumno de España mientras que nuestro gobierno regional tiene el menor
gasto por alumno.
Además, la especialización de los centros públicos a través
de distintos programas, donde resalta el programa bilingüe, generan una
privatización educativa de la escuela pública con la que se rompe la cohesión
de lo que debería ser una red pública de centros iguales y se aumenta la
segregación del alumnado, situando a Madrid en cabeza de dicha segregación.
Por último, es también fundamental para el control social la
privatización ideológica. Esta se ve en la petición de materias ajenas a la
tradición académica y relacionadas con ciertos lobbies, cuyo mejor ejemplo es
la Educación Financiera. Esta materia se vincula a la destrucción del Estado
del Bienestar y a que pensiones, educación y sanidad van a ser privatizadas y
ofertadas, convertidas en negocio, por las mismas corporaciones que la exigen
en las aulas.
Privatizar la Educación supone la privatización del derecho
a la Educación y, por tanto, su merma como tal derecho. La Comunidad de Madrid,
gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos, parece lanzada a desarrollarla,
cumpliendo así con el programa neoliberal. Por ello, la Plataforma Regional por
la Escuela Pública denuncia este proceso de privatización que pretende
convertir los derechos ciudadanos en mercancía.
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